“Buenaventura, el momento es ahora”, fue el nombre del foro que se realizó a mediados de septiembre y reunió a representantes de los gremios, hombres de negocios del Valle del Cauca y de Procolombia, agencia gubernamental encargada de atraer inversiones y turistas. Como resultado tangible, el foro dejó una línea especial de crédito por $109.000 millones, abierta por el Banco de Desarrollo Empresarial de Colombia (Bancoldex), para “ayudar a la reactivación de empresas importadoras y exportadoras afectadas por la crisis que deja la pandemia”.
Es irónico que el foro se llame “el momento es ahora”, pues un foro con los mismos asistentes, en el mismo lugar y con el mismo nombre se llevó a cabo en el 2018. Este fue convocado por Dilian Francisca Toro, quien ese año era la gobernadora del Valle (y aún hoy es la jefa política de la Gobernación). ¿El momento de entonces sigue siendo ahora?
Lo cierto es que la mentada nueva estrategia, la inversión del Estado central en créditos para reactivar la importación y exportación (o, en otras palabras, la inversión en el puerto), ha sido la estrategia de casi siempre. En especial desde la Constitución de 1991, que abrió la posibilidad para que organizaciones privadas asumieran el control de los puertos. O más bien desde 1993, cuando el Estado le otorgó la concesión del puerto en el Pacífico a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. De acuerdo con el documento Conpes que introdujo la nueva política portuaria, los cambios respondían al nuevo orden económico internacional caracterizado por la competitividad, para lo que había que “reducir costos en mano de obra y lograr mayor eficiencia por medio de la inversión en tecnología”.
Si bien la estatal Colpuertos es recordada nacionalmente como un nido de corrupción, en Buenaventura la empresa representó la fuente vital de trabajo e ingresos estables para la población. No es difícil saber lo que sucedió después de la privatización del puerto. Investigadores como Fernando Guerra han explicado cómo esta política cumplió con su propósito y dejó muchas ganancias. Estas, sin embargo, fueron a parar a personas específicas como los accionistas de la sociedad, “el consorcio de origen catalán TCBUEN, el Grupo Portuario, Ciamsa —del cual son parte los 12 ingenios azucareros del Valle del Cauca—, Harinera del Valle y la cementera Argos”.
“El despojo que se ha dado es descarado”, explicó el líder Temístocles Machado antes de ser asesinado, en 2018, “hay alto índice de desempleo y es muy grave la explotación del hombre en las zonas portuarias, y si la empresa privada es injusta con el pueblo es porque el Gobierno la deja; tampoco hay una reinversión en Buenaventura de lo que producen las empresas”. De hecho, esta política de inversión y protección del puerto privado por sobre la gente ha significado una cierta retirada de políticas sociales estatales de educación, salud, vivienda digna de interés social y otros servicios públicos, que está detrás de los problemas más graves de la ciudad. No solo los problemas del empleo, sino quizá también de aquellos relacionados con la violencia. Casos similares han sido documentados en otras ciudades del mundo donde, ante el fin del empleo formal y las dificultades del rebusque, se han llenado las cárceles y se ha disminuido no solo la calidad, sino la esperanza de vida de los habitantes. La profesora Cindi Katz nos explica que en situaciones así los ejércitos legales e ilegales “absorben a muchos jóvenes con pocas opciones más”.
La población organizada de Buenaventura ha intentado con tanto trabajo y a tanto costo lograr un cierto control sobre su futuro pese a tener poco margen de maniobra frente a la cantidad de inversiones e intereses que se mueven alrededor del puerto. Foros como “El momento es ahora” no hacen sino augurar inercias y desesperanza.
