El tema técnico

Esta semana de elecciones fueron muchas las conversaciones en que se elogió el discurso técnico en contraposición al discurso populista y sin sustento en la razón, el bien común y la ciencia. Muchos criticaron las propuestas antitécnicas del Pacto Histórico y cundió pánico frente a la idea de un “tren complementario al canal de Panamá”, expuesta por Gustavo Petro. Algunos denunciaron demagogia y condescendencia frente al electorado. Otros anunciaron que temen “por la llegada de inversionistas chinos” que, de la mano del mentado tren, vienen a desfalcar al Estado colombiano. Hubo quienes pidieron que alguien como Vargas Lleras ponga orden con mano técnica de guerrero.

“El guerrero levantó su mano, señalando hacia el infinito” canta la propaganda de Vargas Lleras mientras se suceden imágenes inspiradoras en que se celebra la construcción de infraestructura. Vivienda, agua, vías, puertos, aeropuertos y palomas de la paz. Por televisión se anuncia que quizá el otrora vicepresidente y dueño de Cambio Radical se lanzará de sorpresa a la presidencia. Por radio se añoran las palabras del “técnico”, el “teso en infraestructura”, el que tiene “la ingeniería del país en la cabeza”. Con estas imágenes como telón de fondo, vale la pena revisar tres de las decisiones técnicas que han construido el presente nacional.

La primera es la expansión del puerto de Buenaventura. El sueño de una gran expansión empezó a hacerse realidad con la privatización de puertos colombianos en la década de 1990, a través de concesiones otorgadas a sociedades portuarias regionales, que a su vez contrataron empresas privadas para administrar operaciones. Esto cumplió con el propósito de atraer inversión europea y del Medio Oriente. Con pocas regulaciones laborales y ambientales, cristalizaron impresionantes proyectos de infraestructura (terminales nuevos, puertos de agua dulce, centros de operaciones logísticas, un nuevo malecón y locales de comercio). La envergadura de las obras, algunas inauguradas por el propio Vargas Lleras, es extraordinaria, como también lo son las ganancias que generan y que como sabemos no quedan para la gente de ahí. Lo que sí quedó fue una estela de pobreza, narcotráfico, muerte y desplazamiento. El pueblo de Buenaventura se sigue movilizando en protesta contra esta realidad.

La segunda tiene que ver con la privatización de los servicios públicos en el Caribe. Esta tuvo lugar poco después de que se firmara la Constitución de 1991 y aunque es una decisión vieja, tuvo protagonistas de actualidad (y tiene hoy consecuencias graves para la región). Detrás de la decisión no estuvo sólo el presidente César Gaviria sino también la Cámara de Comercio de Barranquilla, en la que tenían participación las mismas élites costeñas que hoy cierran filas alrededor de la familia Char, el Centro Democrático y el Partido Conservador. La regulación, la liquidación, la escogencia de operadores y muchas otras cosas se hicieron de afán y en pro de intereses particulares. Uribe Vélez hizo legal la figura de barrios subnormales que acabó naturalizando la precariedad de los servicios básicos como el agua y la luz en el Caribe urbano.

En temas de servicios públicos hay otros ejemplos en que grandes técnicos forjaron el presente de comunidades enteras. Hidroituango, la central eléctrica, declarada en emergencia en 2018 por problemas técnicos, consecuencia de irregularidades en los procesos de contratación de EPM (un derrumbe taponó el túnel que desvía las aguas del Cauca, que quedaron represadas por el embalse en construcción). Están también los llamados bonos del agua que tienen aún empeñado al Estado local que acumula deudas impagables sin necesidad de que vinieran “inversionistas chinos”.

Por último está a lo que Francia Márquez llama “la política de muerte”, ligada a decisiones específicas tomadas por personas concretas en momentos puntuales. No sólo las decisiones que retrasaron desembolsos en detrimento de la vida de excombatientes en el espíritu de “hacer trizas los acuerdos” con que se eligió el presidente Duque. Sino también todas aquellas decisiones que tienen que ver con la implementación a sangre y fuego de megaproyectos en muchos territorios. “El modelo económico no se impone solo”, explica Márquez, “se impone con un proyecto de muerte armado. Necesita de la guerra para sostenerse”.