Tiene razón el profesor Gustavo Duncan cuando afirma que “el daño ya está hecho” (y la legalización de la cocaína no significaría la pacificación del país). Duncan describe cómo la competencia por las rentas de la droga implicó la conformación de organizaciones armadas cuya violencia adquirió una dinámica autónoma, que no depende del control exclusivo de narcotraficantes. Así, ante la falta de traficantes con los que trabajar, o simplemente queriendo más plata, las organizaciones especializadas en el oficio de la violencia buscan cotidianamente fuentes alternativas de ingresos.
El Gaula informa, por ejemplo, que hay aproximadamente 720 ciudadanos extorsionados en el departamento de Córdoba. Entre estos, uno de los más afectados es el gremio docente. Durante los dos últimos años, 62 educadores dejaron las aulas tras las amenazas de las bandas, que les exigen el pago de una extorsión a cambio de permanecer en sus cargos. Bajo la misma modalidad, 112 maestros fueron amenazados a lo largo de 2011. Cuatro fueron asesinados.
En el corregimiento de Agua Blanca, en Ayapel, los siete profesores (y el rector) que dictaban clases a 80 niños de primaria tuvieron que abandonar el pueblo tras recibir amenazas. Por esto, hoy jueves 13 de diciembre los niños no han terminado el año escolar y en jornadas dobles diarias tratan de “recuperar el tiempo perdido”.
Se cierra un círculo de frustración: las bandas buscan rentas; los profesores de colegios estatales, con contrato fijo y sueldos mensuales, son un blanco perfecto; los educadores renuncian, y los estudiantes pierden “tiempo”, se atrasan, dejan de ir a clase. En un departamento en el que los pormenores de la educación pública ya son temas de orden público.
Tiene razón el profesor Gustavo Duncan cuando afirma que “el daño ya está hecho” (y la legalización de la cocaína no significaría la pacificación del país). Duncan describe cómo la competencia por las rentas de la droga implicó la conformación de organizaciones armadas cuya violencia adquirió una dinámica autónoma, que no depende del control exclusivo de narcotraficantes. Así, ante la falta de traficantes con los que trabajar, o simplemente queriendo más plata, las organizaciones especializadas en el oficio de la violencia buscan cotidianamente fuentes alternativas de ingresos.
El Gaula informa, por ejemplo, que hay aproximadamente 720 ciudadanos extorsionados en el departamento de Córdoba. Entre estos, uno de los más afectados es el gremio docente. Durante los dos últimos años, 62 educadores dejaron las aulas tras las amenazas de las bandas, que les exigen el pago de una extorsión a cambio de permanecer en sus cargos. Bajo la misma modalidad, 112 maestros fueron amenazados a lo largo de 2011. Cuatro fueron asesinados.
En el corregimiento de Agua Blanca, en Ayapel, los siete profesores (y el rector) que dictaban clases a 80 niños de primaria tuvieron que abandonar el pueblo tras recibir amenazas. Por esto, hoy jueves 13 de diciembre los niños no han terminado el año escolar y en jornadas dobles diarias tratan de “recuperar el tiempo perdido”.
Se cierra un círculo de frustración: las bandas buscan rentas; los profesores de colegios estatales, con contrato fijo y sueldos mensuales, son un blanco perfecto; los educadores renuncian, y los estudiantes pierden “tiempo”, se atrasan, dejan de ir a clase. En un departamento en el que los pormenores de la educación pública ya son temas de orden público.