Grupos de familias desplazadas comenzaron a llegar a Barranquilla desde la década de los ochenta, pero fue después de 1996, a medida que el conflicto empeoró en las zonas rurales de la costa caribe, que las migraciones forzadas se agravaron. Mientras que en 1999, 6.240 personas llegaron a la ciudad, en los años siguientes la cifra aumentó significativamente: 16.612 personas llegaron a Barranquilla en el 2000. Las tasas de desempleo y el empleo informal aumentaron en Barranquilla. En 2005, el 6,1 % de la población estaba desempleada y el 15,5 % de la población trabajaba intermitentemente en el sector informal. Las poblaciones desplazadas se establecieron sobre todo en la localidad suroccidente y se ocuparon principalmente en el sector informal. La mayoría conmutando más al norte para trabajar: muchos hombres en la construcción, vigilancia privada, mensajería y jardinería y las mujeres en el servicio doméstico, cuidado de niños y servicios de belleza. Aunque no hay claridad sobre los números de comunidades negras que llegaron a la ciudad, en algunos barrios de esta localidad como California, Santo Domingo y Lipaya, más del 30 % de la población se identifica como afrocolombiana.
En un discurso al final de los noventa, el alcalde Édgard George González registró la segregación de Barranquilla. “Hoy nos enfrentamos a un antagonismo inquietante entre la ciudad formal y la parte suroeste, cuyo pueblo sufre desde hace algunos años la falta de agua corriente, la infraestructura de alcantarillado, la luz y la vivienda”, reconoció. Se acumulaban entonces las denuncias de la comunidad sobre la infraestructura eléctrica: sobre la necesidad de recortar los árboles que se abrazaban a los cables, reemplazar los postes caídos y los transformadores viejísimos. Los problemas de la red eléctrica, que eran críticos en el sur, se extendían a toda la ciudad. Para poner fin a la crisis presupuestaria de la empresa pública, la Superintendencia invitó la inversión privada y creó la nueva empresa Electricaribe. El 65 % de las acciones fueron compradas por un consorcio entre Houston Industries y Electricidad de Caracas y los 35 restantes por el municipio. En 2000, el consorcio vendió sus acciones a la española Gas Natural Fenosa, por la mitad del precio que había costado comprarlas. Fenosa también compró algunas de las acciones del municipio y se convirtió en el operador de la empresa y su principal accionista.
Durante su primer año Fenosa redujo el personal de la empresa y lanzó un sistema para calcular el consumo con tecnología GPS y GIS. También invirtieron en campañas para capacitar a las comunidades en el uso racional de la energía, la lectura de contadores y conceptos facturados. Posteriormente, la empresa invirtió en la centralización y mejora de su sistema de facturación y en innovaciones para prevenir el fraude. Pese a los rezagos que ya arrastraba la red, Electricaribe no invirtió significativamente en mantenimiento. La regulación, que llegó después de la venta de la compañía, estipuló que la extensión de nuevas redes sería responsabilidad estatal.
La situación era particularmente precaria en el suroccidente. La empresa de agua había clasificado a los barrios desprovistos de servicios como “subnormales” y había exhortado a las mujeres para que organizaran equipos de limpieza llamados “escobitas”, a las que les entregaban materiales para barrer las calles y recoger la basura. Electricaribe siguió el ejemplo y tras meses de lobby en el Congreso se hizo a su propia clasificación. 26 barrios del suroccidente —el 43 % de la localidad— fueron clasificados como subnormales. Electricaribe les instaló a todos transformadores con medidores de consumo. Se esperaba que las comunidades delegaran en los hombres araña, o marañeros, el tejido artesanal de la red. Cada mes, la compañía emitía una factura cuyo costo total se distribuía entre hogares a través de una estimación del consumo según el número de electrodomésticos. La comunidad era encargada de recoger la plata del recibo y de ocuparse de su propia red. Para recibir nuevos subsidios del gobierno Uribe Vélez, Fenosa creó Energía Social, una microempresa encargada exclusivamente de leer el medidor en los barrios subnormales.
Por 17 años el negocio funcionó para Fenosa. Ordeñaron la red descuidando su mantenimiento y separaron a las comunidades más vulnerables para recibir directamente los subsidios del estado. Entre 2011 y 2013 la prensa reportó 91 ciudadanos electrocutados. Por lo general la empresa respondió que las víctimas eran culpables, pues bajo su propia responsabilidad habían interactuado con la red eléctrica. En una colaboración a tres niveles, el internacional de Fenosa, el estatal en Bogotá y el local en Barranquilla, trabajaron varias personas para marginalizar a la población desplazada de la ciudad.
Grupos de familias desplazadas comenzaron a llegar a Barranquilla desde la década de los ochenta, pero fue después de 1996, a medida que el conflicto empeoró en las zonas rurales de la costa caribe, que las migraciones forzadas se agravaron. Mientras que en 1999, 6.240 personas llegaron a la ciudad, en los años siguientes la cifra aumentó significativamente: 16.612 personas llegaron a Barranquilla en el 2000. Las tasas de desempleo y el empleo informal aumentaron en Barranquilla. En 2005, el 6,1 % de la población estaba desempleada y el 15,5 % de la población trabajaba intermitentemente en el sector informal. Las poblaciones desplazadas se establecieron sobre todo en la localidad suroccidente y se ocuparon principalmente en el sector informal. La mayoría conmutando más al norte para trabajar: muchos hombres en la construcción, vigilancia privada, mensajería y jardinería y las mujeres en el servicio doméstico, cuidado de niños y servicios de belleza. Aunque no hay claridad sobre los números de comunidades negras que llegaron a la ciudad, en algunos barrios de esta localidad como California, Santo Domingo y Lipaya, más del 30 % de la población se identifica como afrocolombiana.
En un discurso al final de los noventa, el alcalde Édgard George González registró la segregación de Barranquilla. “Hoy nos enfrentamos a un antagonismo inquietante entre la ciudad formal y la parte suroeste, cuyo pueblo sufre desde hace algunos años la falta de agua corriente, la infraestructura de alcantarillado, la luz y la vivienda”, reconoció. Se acumulaban entonces las denuncias de la comunidad sobre la infraestructura eléctrica: sobre la necesidad de recortar los árboles que se abrazaban a los cables, reemplazar los postes caídos y los transformadores viejísimos. Los problemas de la red eléctrica, que eran críticos en el sur, se extendían a toda la ciudad. Para poner fin a la crisis presupuestaria de la empresa pública, la Superintendencia invitó la inversión privada y creó la nueva empresa Electricaribe. El 65 % de las acciones fueron compradas por un consorcio entre Houston Industries y Electricidad de Caracas y los 35 restantes por el municipio. En 2000, el consorcio vendió sus acciones a la española Gas Natural Fenosa, por la mitad del precio que había costado comprarlas. Fenosa también compró algunas de las acciones del municipio y se convirtió en el operador de la empresa y su principal accionista.
Durante su primer año Fenosa redujo el personal de la empresa y lanzó un sistema para calcular el consumo con tecnología GPS y GIS. También invirtieron en campañas para capacitar a las comunidades en el uso racional de la energía, la lectura de contadores y conceptos facturados. Posteriormente, la empresa invirtió en la centralización y mejora de su sistema de facturación y en innovaciones para prevenir el fraude. Pese a los rezagos que ya arrastraba la red, Electricaribe no invirtió significativamente en mantenimiento. La regulación, que llegó después de la venta de la compañía, estipuló que la extensión de nuevas redes sería responsabilidad estatal.
La situación era particularmente precaria en el suroccidente. La empresa de agua había clasificado a los barrios desprovistos de servicios como “subnormales” y había exhortado a las mujeres para que organizaran equipos de limpieza llamados “escobitas”, a las que les entregaban materiales para barrer las calles y recoger la basura. Electricaribe siguió el ejemplo y tras meses de lobby en el Congreso se hizo a su propia clasificación. 26 barrios del suroccidente —el 43 % de la localidad— fueron clasificados como subnormales. Electricaribe les instaló a todos transformadores con medidores de consumo. Se esperaba que las comunidades delegaran en los hombres araña, o marañeros, el tejido artesanal de la red. Cada mes, la compañía emitía una factura cuyo costo total se distribuía entre hogares a través de una estimación del consumo según el número de electrodomésticos. La comunidad era encargada de recoger la plata del recibo y de ocuparse de su propia red. Para recibir nuevos subsidios del gobierno Uribe Vélez, Fenosa creó Energía Social, una microempresa encargada exclusivamente de leer el medidor en los barrios subnormales.
Por 17 años el negocio funcionó para Fenosa. Ordeñaron la red descuidando su mantenimiento y separaron a las comunidades más vulnerables para recibir directamente los subsidios del estado. Entre 2011 y 2013 la prensa reportó 91 ciudadanos electrocutados. Por lo general la empresa respondió que las víctimas eran culpables, pues bajo su propia responsabilidad habían interactuado con la red eléctrica. En una colaboración a tres niveles, el internacional de Fenosa, el estatal en Bogotá y el local en Barranquilla, trabajaron varias personas para marginalizar a la población desplazada de la ciudad.