El Estado colombiano podría pensarse como un sinnúmero de prácticas, instituciones y redes que cotidianamente reproducen (ya veces disputan) asimetrías de poder. Inequidades de ingresos y acceso a oportunidades y servicios públicos. Desigualdades entre ciertas regiones que se han relacionado desde comienzos de la república con el progreso y la “blancura” y otras regiones caracterizadas como “negras” o “indígenas” asociadas con el desorden y el peligro (marginadas en términos de inversión, desarrollo socioeconómico y poder político). La naturaleza y la infraestructura son una parte importante de esta historia.
Diferentes proyectos estatales han buscado movilizar o dar forma a la tierra y el agua. Por medio de una serie de transformaciones ambientales en agroecología y de obras de infraestructura paralelas (construcción de represas y sistemas de riego), gobiernos liberales contribuyeron a la construcción de una idea del Estado colombiano durante algunos segmentos de la reforma agraria. Las comunidades con nuevo acceso al riego sintieron, por ejemplo, que se habían convertido en parte del “Estado”. El Estado, en este sentido, se construye en lugares y al mismo tiempo los produce. En el caso del Caribe, la transformación de los paisajes en tierras fértiles llevó a la transformación de algunos de los imaginarios sobre el centro. En un contexto de desconfianza histórica y tensiones, el Estado pudo generar (de manera provisional) un sentimiento de inclusión en algunas comunidades.
Las percepciones e ideas sobre el Estado se dibujan a medida que se reelabora la naturaleza por medio de la infraestructura. La constitución técnica de los recursos de “agua dulce” en San Andrés y La Guajira ha sido fundamental para los últimos gobiernos en la definición de territorio y la construcción del Estado nacional. Las experiencias cotidianas del Estado en barrios periurbanos a menudo están moldeadas por preocupaciones sobre acceso a la infraestructura: hacer parte de alguna lista para acceder a las “casas de Vargas Lleras”, albergar miedos por cuenta de arriendos atrasados, servicios cortados y basuras sin recoger. Mediante la reproducción o la reelaboración de las relaciones de poder desiguales, un proyecto de infraestructura, como una represa o una extensión del suministro de agua a un barrio nuevo, puede cambiar el imaginario que las personas tienen del Estado. Puede que se tenga desconfianza y malos recuerdos, y nuevas políticas e intervenciones hacen que poblaciones cambien de parecer o refuercen sus desengaños.
Es importante tener en cuenta que, al igual que en otras tantas áreas, en lo que respecta a cuestiones ambientales o de recursos, el Estado colombiano no es casi nunca coherente. A la vez que algunas instituciones intentan dar un paso en una dirección, otras con mayores fondos y capacidad de agencia dan varios pasos en el sentido contrario. La política de restitución de tierras, por ejemplo, avanza en medio de toda suerte de palos en la rueda, carencias institucionales y falta de garantías en el retorno. La vida de quienes retornan queda a diario en las manos de la caprichosa Unidad de Protección, que se traduce, en el mejor de los casos, en un esquema temporal de protección. Así mismo, mientras se despliega en el territorio una política de sustitución de cultivos en la que trabajan algunos funcionarios, otros (incluido el presidente) propugnan por el regreso a la fumigación masiva con glifosato. Se denuncia, además, que los pagos que se han hecho a familias en el marco del programa no han sido acompañados por asistencia técnica en los proyectos productivos, como se había estipulado en los acuerdos.
Las promesas de cambio convertidas en inercia se convierten en frustración, una experiencia del Estado que no es nueva en Colombia. Campesinos cultivadores de coca convocaron al gobierno Duque a una reunión el próximo 8 de abril; de lo contrario entrarían en un paro indefinido en protesta por los incumplimientos del programa de sustitución de cultivos ilícitos.
El Estado colombiano podría pensarse como un sinnúmero de prácticas, instituciones y redes que cotidianamente reproducen (ya veces disputan) asimetrías de poder. Inequidades de ingresos y acceso a oportunidades y servicios públicos. Desigualdades entre ciertas regiones que se han relacionado desde comienzos de la república con el progreso y la “blancura” y otras regiones caracterizadas como “negras” o “indígenas” asociadas con el desorden y el peligro (marginadas en términos de inversión, desarrollo socioeconómico y poder político). La naturaleza y la infraestructura son una parte importante de esta historia.
Diferentes proyectos estatales han buscado movilizar o dar forma a la tierra y el agua. Por medio de una serie de transformaciones ambientales en agroecología y de obras de infraestructura paralelas (construcción de represas y sistemas de riego), gobiernos liberales contribuyeron a la construcción de una idea del Estado colombiano durante algunos segmentos de la reforma agraria. Las comunidades con nuevo acceso al riego sintieron, por ejemplo, que se habían convertido en parte del “Estado”. El Estado, en este sentido, se construye en lugares y al mismo tiempo los produce. En el caso del Caribe, la transformación de los paisajes en tierras fértiles llevó a la transformación de algunos de los imaginarios sobre el centro. En un contexto de desconfianza histórica y tensiones, el Estado pudo generar (de manera provisional) un sentimiento de inclusión en algunas comunidades.
Las percepciones e ideas sobre el Estado se dibujan a medida que se reelabora la naturaleza por medio de la infraestructura. La constitución técnica de los recursos de “agua dulce” en San Andrés y La Guajira ha sido fundamental para los últimos gobiernos en la definición de territorio y la construcción del Estado nacional. Las experiencias cotidianas del Estado en barrios periurbanos a menudo están moldeadas por preocupaciones sobre acceso a la infraestructura: hacer parte de alguna lista para acceder a las “casas de Vargas Lleras”, albergar miedos por cuenta de arriendos atrasados, servicios cortados y basuras sin recoger. Mediante la reproducción o la reelaboración de las relaciones de poder desiguales, un proyecto de infraestructura, como una represa o una extensión del suministro de agua a un barrio nuevo, puede cambiar el imaginario que las personas tienen del Estado. Puede que se tenga desconfianza y malos recuerdos, y nuevas políticas e intervenciones hacen que poblaciones cambien de parecer o refuercen sus desengaños.
Es importante tener en cuenta que, al igual que en otras tantas áreas, en lo que respecta a cuestiones ambientales o de recursos, el Estado colombiano no es casi nunca coherente. A la vez que algunas instituciones intentan dar un paso en una dirección, otras con mayores fondos y capacidad de agencia dan varios pasos en el sentido contrario. La política de restitución de tierras, por ejemplo, avanza en medio de toda suerte de palos en la rueda, carencias institucionales y falta de garantías en el retorno. La vida de quienes retornan queda a diario en las manos de la caprichosa Unidad de Protección, que se traduce, en el mejor de los casos, en un esquema temporal de protección. Así mismo, mientras se despliega en el territorio una política de sustitución de cultivos en la que trabajan algunos funcionarios, otros (incluido el presidente) propugnan por el regreso a la fumigación masiva con glifosato. Se denuncia, además, que los pagos que se han hecho a familias en el marco del programa no han sido acompañados por asistencia técnica en los proyectos productivos, como se había estipulado en los acuerdos.
Las promesas de cambio convertidas en inercia se convierten en frustración, una experiencia del Estado que no es nueva en Colombia. Campesinos cultivadores de coca convocaron al gobierno Duque a una reunión el próximo 8 de abril; de lo contrario entrarían en un paro indefinido en protesta por los incumplimientos del programa de sustitución de cultivos ilícitos.