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Casi todos los días la cuenta de Instagram de El Heraldo de Barranquilla me sugiere votar por Abelardo de la Espriella. La cuenta, que acumula exclusivamente noticias malas del Gobierno Nacional, repite que hay nexos de Iván Cepeda con grupos armados (citando como fuente al expresidente Uribe Vélez) y anuncia que De la Espriella es perseguido (con francotiradores) por ser “el que más crece en las encuestas”. Algunos de los titulares (como el que informa que “las leyendas de la selección Colombia se unen a Abelardo de la Espriella”) rayan en la desesperación.
El Heraldo no escribe (casi) nunca criticando la Casa Char, que a su vez detenta las administraciones locales desde hace 18 años (en 2008 fue la primera de tres elecciones de Álex Char). En este mes de mayo, por ejemplo, el medio ha publicado tres noticias sobre el gobierno municipal. La primera explica que las “obras del aeropuerto superan el 30 % de su avance y se anuncian futuras inversiones”. La segunda, que “Barranquilla tiene la máxima calificación AAA(col) financiera otorgada por la firma Fitch Ratings”. La tercera, que el gobierno Char avanza para “organizar un Gran Premio de Fórmula Uno” y “la ciudad se encuentra a punto de alcanzar el derecho a recibir un Gran Premio de la IndyCar Series”.
Pese a su sesgo pro De La Espriella, El Heraldo no publica historias en contra de su contrincante Paloma Valencia. Durante el último mes, sólo se mencionó su nombre cuando se informó que “el senador republicano y de origen colombiano Bernie Moreno propone unión entre Valencia y De la Espriella tras primera vuelta para no tomar el camino equivocado”.
La cobertura nos deja concluir que esa Colombia que imagina y desea fervientemente El Heraldo es una montada en un andamiaje que conocemos bien. Por una parte, se promete un desmonte sistemático de las políticas del gobierno Petro y luego la reducción del Estado, baja de impuestos al sector privado y atracción de inversión extranjera como motor de crecimiento.
Por otra, mano dura contra el narcotráfico: incluyendo la fumigación aérea, cooperación con el gobierno Trump y militarización. Es decir, volver a un país (que ya intentamos ser) que confía en la expansión agroindustrial de monocultivos, la exportación de hidrocarburos, el glifosato y los bombardeos.
En este país (que ya fuimos) el 10 % de los propietarios más ricos se hizo al 81 % de las tierras cultivables. En este país, nuestro principal monocultivo (el de palma) deforestó entre 2011 y 2017 alrededor de 17.000 hectáreas y sus impactos incluyen despojo de tierras campesinas e indígenas, contaminación de suelos y fuentes de agua por agroquímicos, y pérdida dramática de la biodiversidad. En este país la guerra contra las drogas aupada por Estados Unidos ha dejado un rastro de consecuencias profundamente negativas: miles de víctimas, especialmente entre la población campesina, indígena y negra, desplazamiento, despojo de agua y de tierras, consolidación de latifundios y de vidas difíciles en las ciudades. En este país (que fuimos entre 1990 y 2016), militares y policías secuestraron y asesinaron a 7.837 hombres jóvenes, civiles, por la presión institucional para demostrar resultados en combate mediante “conteos de cuerpos”.
A estos dos ámbitos, de la política agraria y de políticas de drogas, los une (y ha unido) la certeza de que la vida de todos no vale lo mismo. Y son principalmente estos dos ámbitos, de la política agraria y de políticas de drogas, los que me llevan a apoyar al candidato Iván Cepeda. Cepeda propone redistribuir tierra concentrada e improductiva hacia campesinos, acompañada de crédito, proyectos productivos y un sistema judicial especializado. Promete también pensar en la regulación del narcotráfico, quitarles el negocio a las mafias, perseguir el lavado de activos en el sector financiero nacional y negociar con los grupos armados. A sus promesas, en general, las une la certeza de que la vida de todos debería valer lo mismo.
