Facturas, revólveres y solidaridad

En las facturas de la luz se leen dos novedades que revelan caminos y tensiones en los que se juega el futuro del Caribe colombiano.

La primera novedad son las amenazas. “Robar luz te convierte en un delincuente”, dice en letras grandes una factura de la empresa Air-e, que distribuye energía en el Caribe. “Pena hasta de seis años de prisión”, se lee debajo. El mensaje está entre dos fotos: en una aparece un taladro apuntándole a un medidor de electricidad y en la otra, un revólver apuntándole a un hombre en la sien. Así están, entonces, las cosas después de casi 30 años de privatización de la electricidad en la región. Air-e, cabe recordarlo, reemplazó a Electricaribe, que a su vez fue liquidada después de escándalos de corrupción local y regional (paralelos a líos internacionales de la multinacional que poseía la mayoría de acciones).

Esta semana seis grandes gremios de los sectores eléctricos y del gas natural en Colombia emitieron un comunicado conjunto en defensa de su gestión en el Caribe. Esto, en respuesta a la reciente Asamblea Caribe de Usuarios de Energía realizada en Santa Marta, convocada por el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos. Dicha asamblea, adonde asistieron 1.800 personas de los siete departamentos del Caribe, fue espacio para debates sobre el mal servicio y la carestía de las tarifas que muchos hogares no alcanzan a pagar con el ingreso mensual. Como sin electricidad la vida digna es imposible, participaron activamente representantes de los sectores populares, las juntas de acción comunal, los sindicatos y el movimiento estudiantil.

El comunicado de los gremios, suscrito por Andesco, Acolgen, ANDEG, Asocodis, Naturgas y SerColombia, se refirió principalmente a la estigmatización del sector privado, que ha demostrado “resultados contundentes de mejora en cobertura, confiabilidad y calidad”. Se lee: “(Los gremios) rechazamos la estigmatización de las empresas que prestan los servicios públicos, en especial del sector privado (…) está demostrado que gran parte de las empresas que estaban a cargo de gobiernos locales sufrían corrupción”.

Pero volvamos a la factura. Aparte de las fotos de revólveres e intimidaciones con cárcel, hay también una novedad de redistribución en los números. En agosto, el Gobierno Nacional decretó que los sectores comerciales e industriales y todos los usuarios de estratos altos pagarán más en sus facturas de luz. El cobro se recaudará en principio por seis meses y subsidiará el servicio de energía en las llamadas Zonas No Interconectadas (ZNI) para la población rural del departamento de La Guajira. Desde septiembre, las facturas de todo el país irán incorporando este recaudo adicional. Mientras que centros comerciales e industrias pagarán $5.000 más en la tarifa de energía, los estratos 4, 5 y 6 pagarán $1.000 adicionales.

Una medida que no es del todo nueva, pues fue ideada en Colombia en los años 20 y 30, cuando, como remedio contra la desigualdad, las ciudades instauraron un régimen de solidaridad obligatoria para extender las redes de servicios públicos. En aquel momento había quienes, en ciudades como Bogotá y Medellín, tenían acceso ilimitado al agua con conexiones domésticas. Y había también quienes tenían que recogerla y cargarla por largas distancias. Por ende, se instalaron medidores en las casas de quienes tenían mucha agua, para poder llevar los tubos y grifos a las que no tenían.

En la primera mitad del siglo XX se inauguró una tradición de solidaridad entre barrios con ingresos muy desiguales. Lo que vemos ahora es, quizá, la inauguración de una tradición de solidaridad entre barrios urbanos con mayores ingresos y zonas rurales sin conexiones ni grandes ingresos.