Falcao García y el impuesto al patrimonio (I)

Se ambienta en radio y prensa una campaña en contra de redistribuciones tributarias. Con la excusa de la posible contratación de Falcao García en un equipo de fútbol rolo, locutores nuevos y viejos lamentan el impuesto al patrimonio. Este último estaría bloqueando la llegada del jugador, que no concibe la posibilidad de compartir un porcentaje del multimillonario patrimonio que amasa. García, argumentan, quiere vivir en Colombia, cobrar harto y dejar un legado de ganancias exclusivamente emocionales.

Con el fin de hacer un contrapeso, dedicaré esta y otra columna a la redistribución. Esta fue determinante, por ejemplo, para que hoy tomemos agua potable.

En 1920, Bogotá y Medellín habían iniciado un proceso de municipalización de sus empresas de acueducto. Es decir, habían adquirido el control de los cobros, las tarifas y la distribución del agua potable. Sin embargo, la mejora y ampliación de los servicios dependía del aumento de los ingresos de las empresas y de la reducción del consumo, dada la muy limitada capacidad de las plantas de tratamiento. En ese momento, los usuarios eran sobre todo hogares de altos ingresos, comercios e industrias. Ambas empresas pasaban trabajos, pues necesitaban ingresos estables para calificar a préstamos y así poder financiar la extensión de redes a otros barrios y mantener la calidad del servicio. Fue en este contexto que se implementaron dos medidas. La primera fue la facturación con medidores y la segunda el aumento de precios para los hogares ricos, los comercios y las industrias, con el fin de establecer subsidios cruzados en solidaridad con barrios de clase trabajadora.

Estas medidas no fueron bien recibidas. A lo largo de aquellos años, las empresas de servicios públicos inventaron políticas progresistas de solidaridad y las defendieron en contra de los intereses de empresarios y señores de la radio y la prensa.

En 1929, la empresa de agua de Bogotá se enfrentaba a varias deudas y a una crisis de suministro de agua. Las epidemias se multiplicaban en la ciudad. En respuesta, la ciudad promulgó el Acuerdo 25 de 1929, que aumentó la recaudación de tarifas a usuarios de altos ingresos y estipuló un recargo del 50 % a los clientes industriales, comerciales e institucionales. Con los nuevos ingresos se extendieron redes y se distribuyó agua gratis en grifos comunitarios.

Hubo, por supuesto, oposición a esta redistribución. En 1938 solo una pequeña fracción de los usuarios ricos, industriales, comerciales e institucionales estaba de acuerdo con medida. En ese momento se hicieron renovados esfuerzos. La ciudad estableció precios diferentes dependiendo de avalúos inmobiliarios, aquellos con propiedades de mayor valor debían pagar tarifas por encima del costo total de sus servicios, subsidiando a los hogares con evaluaciones más bajas (o sin propiedades). Estas medidas le permitieron a la empresa calificar para préstamos y ampliar la infraestructura. La historia fue similar en Medellín.

Con el tiempo, estas medidas se quedaron cortas. Colombia experimentó una rápida urbanización y las redes se hicieron insuficientes. Durante la década de 1960, las empresas reformaron de nuevo el sistema tarifario: se introdujeron tarifas de conexión (que eximían a los barrios en que vivían comunidades de menores ingresos) y se aumentaron las tarifas de consumo a los grupos de altos ingresos.

La implementación y mejora de los subsidios cruzados resultó, como antes, controvertida. La resistencia provino de los residentes de mayores ingresos y de la industria. Se opusieron también casi todos los gremios y medios, pero, a menudo, concejales y funcionarios de los acueductos lograron defender los subsidios cruzados y las medidas de redistribución, argumentando que los precios diferenciales eran esenciales. A menudo, fueron capaces de explicar que, dada la pobreza generalizada, las elevadas necesidades de inversión y la amplia desigualdad de la ciudad colombiana, la redistribución era el único camino. La alternativa era una vida urbana difícil, complicada, sin tranquilidades, en que las mayorías quedarían excluidas de la posibilidad de una vida digna.