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Cada tanto Sebastián Nohra lamenta impuestos y medidas redistributivas. El líder de opinión, que es politólogo pero habla con la seguridad de un economista, celebra asimismo la política económica de Javier Milei en Argentina. En la página de exalumnos del Colegio Gimnasio Moderno, Nohra dice poseer “una visión ideológica liberal y humanista”. Quizá esta visión lo lleva a defender la empresa privada de abusos y tributos que la perjudiquen.
Cualquiera que se pasee por sus redes, emisiones o columnas (o por las del menos erudito e igualmente arrogante Luis Carlos Vélez) podría pensar que altos estratos, industrias y gerentes varios son víctimas de un Estado inflado, que los desangra desde siempre y estanca su progreso. Sin embargo, las formas más importantes de distribución o redistribución son quizá las que se hacen en la dirección contraria. Es decir, en las que las mayorías (que ganan y tienen menos) subsidian a las minorías (que ganan y tienen más).
Además de por la evasión, el sistema tributario colombiano ha estado caracterizado por la participación de grupos de interés (empresariales, gremiales) que han logrado erosionar la base tributaria. Los investigadores Francisco González y Valentina Calderón nos cuentan que esta práctica de lobby y bloqueo “se dio a partir de los sesenta, cuando el Estado comenzó a ceder ante estos grupos, que reaccionaron fuertemente frente a esquemas impositivos progresivos”.
Aunque parezca increíble se produce desde entonces una transferencia de riqueza de abajo para arriba. Esta ha cristalizado como consecuencia de distintos procesos. Uno de ellos es el fervor religioso con que se cree que “el mercado” es una entidad autorreguladora que existe independientemente de los individuos y corporaciones que participan en él. Otro fue el protagonizado por agentes estatales y paramilitares que, en contubernio con grandes empresas (como Chiquita Brands), atacaron a trabajadores y trabajadoras organizados (la represión de huelgas produjo riquezas al empresariado y pobrezas a empleados y empleadas). Un tercero introdujo reformas neoliberales que prescriben los subsidios, calcadas a veces de las implementadas en Chile durante la dictadura de Pinochet. Uno más tiene que ver con el debilitamiento o la eliminación total de la regulación estatal de los bancos, las bolsas de valores y las grandes empresas.
Igualmente, se ha favorecido la constitución de monopolios al facilitar la concentración y centralización de capital mediante fusiones o adquisiciones. Leyes y ministros de economía, todos muy parecidos entre ellos, todos con “una visión ideológica liberal y humanista”, han facilitado el crecimiento de fondos pensionales que están controlados por capital financiero y son invertidos con el único propósito de aumentar las ganancias y dividendos de un grupo pequeño y poderoso de inversores. Éstos y otros procesos han permitido a los especuladores de los mercados financieros regularse a sí mismos.
En 2005, la “misión de la pobreza”, en cabeza de Hugo López, denunció que el 80 % de los subsidios pensionales se quedaba en manos de los jubilados más ricos. En 2021, los llamados Panama Papers dieron cuenta de la estrategia utilizada por la élite mundial para no pagar impuestos usando fideicomisos y sociedades fantasmas. En la lista Andrés Pastrana, César Gaviria, Marta Lucía Ramírez, Enrique Peñalosa, Sarmiento Angulo, Alejandro Santo Domingo y la familia Gilinski. Ese mismo año se reveló que los empresarios más ricos de Colombia habían acaparado los subsidios ofrecidos por el gobierno Duque en el contexto de la pandemia (en contraste, solo el 9 % de las pequeñas empresas accedieron a beneficios). Sarmiento Ángulo con su Casa Editorial El Tiempo, su Hotel Estelar y su Concesionaria Vial Andina (a cargo del jugoso corredor entre Bogotá y Villavicencio) concentró parte de los dineros. Jaime Gilinski, considerado el segundo hombre con más fortuna en el país, también clasificó a la fiesta y recibió subsidios para sus Productos Yupi, Plásticos Rimax, Hoteles Charleston Bogotá y Publicaciones Semana.
