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3 Apr 2022 - 5:30 a. m.

Fuerza ribereña

Entre cientos de hectáreas de palma de aceite y el río Magdalena está el municipio de Puerto Wilches. Con 35.281 habitantes, ha girado alrededor de esta agroindustria, cuyo cultivo ocupa cerca del 25 % del área municipal. Tras décadas de violencias, luchas sindicales, precarizaciones laborales y dentro del contexto petrolero del Magdalena Medio, la población hace balances amargos sobre los beneficios de las empresas extractivas. Con aceite o petróleo, la cobertura neta en educación media es del 30 %, la cobertura del acueducto es del 56 % (y el agua que reparte no es potable) y hay graves problemas de acceso a la salud, la infraestructura vial y la vivienda.

Aparte de la palma no hay oportunidades (no hay sede del SENA). Después del colegio hay que irse para Bucaramanga. Los pescadores han visto cambiar el río, las veredas de la zona rural se inundan cada noche de lluvia y varios grupos armados irrumpen para controlar la vida cotidiana. Baquianos en estas certezas, mujeres y hombres jovencísimos no pudieron sino oponerse a los pilotos de fracking propuestos por el gobierno de Iván Duque. Algunos se entrenan para maestros de construcción, otras estudian para ejercer como tecnólogas ambientales, varios están en el colegio. Quizá lo que los une es la convicción de que, aunque no tienen casi nada, tienen el territorio con sus ciénagas, sus pájaros, sus canciones, su río Magdalena y los bosques que lo rodean. Quizá lo que los une es que, en cierta medida (y ante una generación más adulta que se siente tantas veces derrotada), sienten que todo está por hacer y por cambiar.

Por esto lo que está en juego con los pilotos Platero y Kalé, que serían operados por Ecopetrol y ExxonMobil, es todo. De acuerdo con Ecopetrol, se contempla un “plan de contingencia” que identifica “los riesgos potenciales, las medidas de mitigación y las acciones contempladas para el manejo de contingencias, con el fin de proteger a la comunidad, los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos hídricos, el suelo y el aire”. Todas y cada una de estas palabras están vacías de significado para una población que ha vivido a punta de promesas similares. Los padres y abuelos de los activistas jóvenes saben que el proyecto con sus funcionarios, ingenieros y relacionistas públicas no solo no manejará las “contingencias”, sino que será en sí mismo una cadena de contingencias, en una región en que hombres armados patrullan los intereses privados y las carreteras. Saben también que nadie va a proteger a ninguna comunidad.

Mientras escribo esta columna pienso en los ojos de mi amiga Yuvelis Morales que han visto tanto. Unos ojos felices cuando me habla de todo lo que han logrado junto con compañeros y compañeras del Comité Agua Wil. Habla de las marchas y carnavales contra el fracking en las que se congrega gente de todas las veredas, las ferias del agua, ollas comunitarias, pinturas de murales y acciones directas contra unas instituciones que los tratan como obstáculos. “Tenemos que salir y demostrar que somos dueños de nuestro territorio”, me cuenta, y luego me habla de su papá, que es pescador, de las ciénagas de Yarirí y Paredes, del manatí antillano, de la tecnología de manejo de recursos ambientales que está terminando en Bucaramanga, de los proyectos de soberanía alimentaria que se hacen camino en los barrios del Wilches.

Solo a veces entra en paréntesis el entusiasmo de esta mujer ribereña. Por amenazas, viajó de Santander a vivir unos meses en Bogotá en 2021. Un año después, tuvo que salir corriendo desde Puerto Wilches escoltada en un carro blindado luego de un atentado. Llegó hace cuatro semanas a una primavera fría en una ciudad sin manatíes.

Mientras desempacaba, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó licencia al primer piloto de fracking.

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