El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Centro de Alternativas al Desarrollo (Cealdes) y otras más de 20 organizaciones sociales del país emitieron un comunicado contra la reactivación de la erradicación terrestre de cultivos de uso ilícito con glifosato. Esta se hará mediante “un contrato por $7.700 millones con la empresa Del Monte Agrosciences SAS, que contempla intervenciones en al menos 15 departamentos”. El comunicado nos recuerda lo que todo mundo (en el fondo) sabe: que el uso “forzado” de glifosato “no aborda las causas estructurales de los cultivos de uso ilícito”. Al contrario, atiza e inspira conflictos, afecta la salud de personas y animales, envenena aguas y suelos y transgrede la voluntad y los derechos de las comunidades rurales. Proponen que se dé prioridad a la inversión inmediata en proyectos productivos sostenibles, diálogo sostenido y sincero con las comunidades y “respeto irrestricto a sus derechos fundamentales”.
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El glifosato en las manos de las fuerzas armadas abre heridas recientes en lugares específicos. En veredas y campos alrededor de Tumaco, Nariño; San José del Guaviare, Guaviare, o Puerto Asís, Putumayo. Y en los cuerpos de todos, pero sobre todo en generaciones de mujeres del presente y el futuro que se ven afectadas de manera diferente a los hombres, pues el pesticida causa alteraciones hormonales y problemas de fertilidad. El mentado contrato y la vuelta al glifosato son difíciles de entender, pues, en palabras del comunicado, contradicen “la bandera de campaña del actual Gobierno, que prometió implementar un enfoque distinto”.
Otra posición difícil de entender es la que tomó la exalcaldesa Claudia López, quien en el congreso de banqueros en Cartagena anunció que, cuando sea presidenta “van a volver a explorarse y explotarse todos los recursos energéticos que tiene Colombia: gas, petróleo, fracking, sol, viento y agua”. López, que en el pasado hizo carrera por la defensa del agua, anunció enérgicamente que dará paso a pilotos de esta técnica de extracción de petróleo y gas que fractura rocas del subsuelo con altos volúmenes de agua a alta presión.
En el pasado reciente, organizaciones como la Corporación Regional Yariguíes han advertido sobre lo que todo mundo (en el fondo) sabe: que una historia de extracción de hidrocarburos en la región no ha significado riqueza ni bienestar para los habitantes. Al contrario, los yacimientos han atizado e inspirado conflictos, afectado la salud de personas y animales, envenenado aguas y suelos y transgredido la voluntad y los derechos de las comunidades locales. “La pesca ha disminuido un 50 % debido a la contaminación causada por la explotación de hidrocarburos”, declaró Leopoldo Cuéllar, habitante y pescador de Puerto Wilches, Santander, a la prensa. Pese a los más de 70 años de explotación de crudo, el municipio no tiene cobertura de agua potable ni de alcantarillado.
En 2021, la Organización Femenina Popular (OFP) de Barrancabermeja alertó sobre los legados del extractivismo en la ciudad: “Las regalías son muy altas, pero no se traducen en desarrollo social ni bienestar. No hay buenas vías, no tenemos un buen hospital. El coste ha sido demasiado alto”. La OFP explicó, además, cómo las mujeres no han visto los réditos de una industria muy masculina en una región donde “el único trabajo rentable es aquel relacionado con la extracción de hidrocarburos”.
El fracking en el Magdalena Medio abriría heridas muy recientes en lugares específicos: en veredas y campos alrededor de Barranca, Puerto Wilches y Sabana de Torres. Y en los cuerpos de todos. Durante los últimos cinco años, comunidades y organizaciones ambientales han denunciado altos niveles de benceno en el aire, superando los límites permitidos por regulaciones de salud. En abril del 2018, un incidente produjo la liberación en forma de polvillo de una sustancia conocida como catalizador. De acuerdo con el diario El Tiempo, “barrios, casas, calles y vehículos amanecieron envueltos en una capa de polvo blanca a causa de esta emisión”.
