Entre 2010 y 2018 se gestionaron 779 acueductos en Colombia. Se adquirieron distintos créditos. El Banco Mundial lo explicó: “alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible de acceso a servicios de agua y saneamiento para el año 2030 requerirá que los países cuadrupliquen las inversiones lo cual está fuera del alcance de muchos países y amenaza los avances en la erradicación de la pobreza”. Con dineros de este Banco se invirtió principalmente en acueductos y alcantarillados en la región Pacífica. Estos préstamos pagaron además la aplicación del puerto de Buenaventura. Del monto total desembolsado por el Banco Interamericano de Desarrollo entre 2012 y 2014, USD $100 millones fueron a proyectos relacionados con agua.
La fiebre crediticia no tiene nada de novedoso pues desde la municipalización de los sistemas urbanos de agua durante los años 20, la extensión de servicios públicos se ha hecho con préstamos a bancos nacionales e internacionales. El Estado aprobó la compra del entonces privado sistema de acueducto bogotano en 1913 pero no pudo reunir los fondos necesarios para comprarlo sino hasta varios años después (con un crédito del Banco Hipotecario). Aunque en Barranquilla el gobierno local creó las Empresas Públicas Municipales (EPMB) en 1925, la ciudad no contó con la plata para extender redes y tuvo que pedir un préstamo con la Central Trust Company of Illinois, que exigió participar en la administración de la empresa. De este modo, la institución agiotista ganó influencia directa en todas las decisiones y pudo ir extrayendo el pago con intereses durante toda la primera mitad del siglo XX.
Más adelante gobiernos barranquilleros se endeudaron con entidades financieras multilaterales como el Banco Mundial. Con sucesivas devaluaciones del peso frente al dólar, las empresas no sólo de agua sino también de electricidad tuvieron que ir pasando la carga de la deuda de arriba para abajo como en una pirámide humana, de las que se hacen en clase de educación física. Las empresas transfirieron gota a gota sus créditos. Dejaron de honrar compromisos con otras empresas de servicios públicos y con proveedores locales de químicos para tratar el agua. En 1990 la ciudad se quedó sin agua debido a la falta de suficiente sulfato de aluminio, uno de los productos utilizados en el tratamiento, y el gerente informó que la compañía que vendía los productos había suspendido las entregas hasta que se realizara el pago de los atrasos de años. Para comprar más químicos a otro proveedor, la empresa hizo otro préstamo. En esa misma época el acueducto dejó de pagar sus recibos de electricidad y cuando la empresa de electricidad quebró, algunos años después, explicó cómo la gran deuda del acueducto había tenido mucho que ver.
Empezaron después a irrespetar el pago a tiempo de salarios y prestaciones. Tras la liquidación de la empresa y la creación de una nueva privada, muchas de las obligaciones laborales se ignoraron, en el clima de silencio sindical en la ciudad que para inicios de 2000 estaba fuertemente influenciada por Jorge 40. Otra consecuencia fue el cese en el mantenimiento de redes eléctricas y de drenaje de los canales: todo desembocó en arroyos y accidentes con transformadores y postes caídos en medio de los aguaceros. La transferencia de deudas se hizo finalmente vía facturas que llegan a las viviendas. Entre 2002 y hoy, Electricaribe y Triple A han implementado planes de refinanciación de deudas y sistemas de monitoreo de medidores para multar fraudes. Electricaribe creó a Energía Social, para cobrar facturas a través de un sistema de medición comunitaria en barrios sin infraestructura adecuada. Estas medidas condujeron al endeudamiento generalizado en el contexto del rebusque de los barrios del sur.
Frente a la recocha de bajos impuestos y altas exenciones, prometida por el gobierno Uriduque, que mermará los fondos disponibles para la inversión, se prevé el endeudamiento de comunidades como la Pacífica, que estrenan infraestructura.
Entre 2010 y 2018 se gestionaron 779 acueductos en Colombia. Se adquirieron distintos créditos. El Banco Mundial lo explicó: “alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible de acceso a servicios de agua y saneamiento para el año 2030 requerirá que los países cuadrupliquen las inversiones lo cual está fuera del alcance de muchos países y amenaza los avances en la erradicación de la pobreza”. Con dineros de este Banco se invirtió principalmente en acueductos y alcantarillados en la región Pacífica. Estos préstamos pagaron además la aplicación del puerto de Buenaventura. Del monto total desembolsado por el Banco Interamericano de Desarrollo entre 2012 y 2014, USD $100 millones fueron a proyectos relacionados con agua.
La fiebre crediticia no tiene nada de novedoso pues desde la municipalización de los sistemas urbanos de agua durante los años 20, la extensión de servicios públicos se ha hecho con préstamos a bancos nacionales e internacionales. El Estado aprobó la compra del entonces privado sistema de acueducto bogotano en 1913 pero no pudo reunir los fondos necesarios para comprarlo sino hasta varios años después (con un crédito del Banco Hipotecario). Aunque en Barranquilla el gobierno local creó las Empresas Públicas Municipales (EPMB) en 1925, la ciudad no contó con la plata para extender redes y tuvo que pedir un préstamo con la Central Trust Company of Illinois, que exigió participar en la administración de la empresa. De este modo, la institución agiotista ganó influencia directa en todas las decisiones y pudo ir extrayendo el pago con intereses durante toda la primera mitad del siglo XX.
Más adelante gobiernos barranquilleros se endeudaron con entidades financieras multilaterales como el Banco Mundial. Con sucesivas devaluaciones del peso frente al dólar, las empresas no sólo de agua sino también de electricidad tuvieron que ir pasando la carga de la deuda de arriba para abajo como en una pirámide humana, de las que se hacen en clase de educación física. Las empresas transfirieron gota a gota sus créditos. Dejaron de honrar compromisos con otras empresas de servicios públicos y con proveedores locales de químicos para tratar el agua. En 1990 la ciudad se quedó sin agua debido a la falta de suficiente sulfato de aluminio, uno de los productos utilizados en el tratamiento, y el gerente informó que la compañía que vendía los productos había suspendido las entregas hasta que se realizara el pago de los atrasos de años. Para comprar más químicos a otro proveedor, la empresa hizo otro préstamo. En esa misma época el acueducto dejó de pagar sus recibos de electricidad y cuando la empresa de electricidad quebró, algunos años después, explicó cómo la gran deuda del acueducto había tenido mucho que ver.
Empezaron después a irrespetar el pago a tiempo de salarios y prestaciones. Tras la liquidación de la empresa y la creación de una nueva privada, muchas de las obligaciones laborales se ignoraron, en el clima de silencio sindical en la ciudad que para inicios de 2000 estaba fuertemente influenciada por Jorge 40. Otra consecuencia fue el cese en el mantenimiento de redes eléctricas y de drenaje de los canales: todo desembocó en arroyos y accidentes con transformadores y postes caídos en medio de los aguaceros. La transferencia de deudas se hizo finalmente vía facturas que llegan a las viviendas. Entre 2002 y hoy, Electricaribe y Triple A han implementado planes de refinanciación de deudas y sistemas de monitoreo de medidores para multar fraudes. Electricaribe creó a Energía Social, para cobrar facturas a través de un sistema de medición comunitaria en barrios sin infraestructura adecuada. Estas medidas condujeron al endeudamiento generalizado en el contexto del rebusque de los barrios del sur.
Frente a la recocha de bajos impuestos y altas exenciones, prometida por el gobierno Uriduque, que mermará los fondos disponibles para la inversión, se prevé el endeudamiento de comunidades como la Pacífica, que estrenan infraestructura.