Con 1.088 agentes se estrenó en pasados días el “cuerpo élite para la paz” de la Policía Nacional. De acuerdo con un comunicado de prensa, este nuevo grupo exclusivo se enfocará “en desmantelar organizaciones criminales que atentan contra defensores de derechos humanos y líderes sociales”. Así mismo, combatirá las “organizaciones sucesoras del paramilitarismo”. Esta iniciativa marcaría una ruptura con narrativas históricas, pues en el pasado cuerpos exclusivos dentro de la fuerza pública han hecho lo contrario. Es decir, se han sumado a empresas paramilitares o de ejércitos privados.
Las colaboraciones entre grupos armados legales e ilegales han sido constantes en periodos de confrontación y de reconciliación. Durante la hegemonía conservadora, en un periodo de relativa estabilidad, aparecen quizá las primeras referencias a la colaboración entre cuerpos oficiales e intereses privados para ejercer violencia. Para entonces, los resguardos departamentales, es decir, la policía fiscal orientada al control de contrabando externo e interno, (entre departamentos) comenzaron a comportarse como escuadrones de la muerte. En 1917, el ministro Abel Carbonell le informó al presidente José Vicente Concha sobre los desmanes de los resguardos. “Para asegurar la tranquilidad tuve que ordenar el desarme de los resguardos que fueron aumentados en vísperas de las elecciones para amedrentar a los ciudadanos y aun a las autoridades de los pueblos” afirmó el ministro. Explicó que esta medida fue necesaria tras interceptar un telegrama enviado por un comandante de los resguardos departamentales en la que anunciaba la llegada de uno de los candidatos al municipio e impartía la orden: “Tránquenle duro y denle una paliza”.
En 1931, tan sólo meses después del comienzo de la República Liberal, se registraron en los archivos oficiales y la prensa las primeras denuncias de violencia en Norte de Santander. Durante la campaña previa a las elecciones para concejos municipales de 1931, se denunció el carácter partidista de secciones de la Policía y el violento papel jugado por los resguardos departamentales. Como consecuencia de los desmanes de estos grupos, la Asamblea departamental acabó por licenciar la policía departamental y prohibir a los resguardos de rentas departamentales portar armas de precisión, las cuales les fueron decomisadas. “Prohíbase a los resguardos de rentas departamentales portar armas de precisión como grass, Mauser y carabina” dice la ordenanza de la Asamblea y concluye que “los elementos de la guerra de que disponen los resguardos serán depositados por riguroso inventario en los juzgados”.
Para 1945, grupos dentro de los resguardos seguían ejerciendo violencia por fuera de sus funciones legales. La memoria del ministro de Gobierno, Absalón Fernández de Soto, al Congreso de 1945, describe cómo miembros de los resguardos y de la policía ponían en “peligro el orden público” a través de actos de sabotaje, de coacción y violencia contra los electores. Y en la confrontación de los 50 fueron estos mismos resguardos los que aterrorizaron a poblaciones en distintos departamentos del país.
Estas alianzas de grupos al interior de las fuerzas armadas y ejércitos privados fueron sólidas durante la campaña de exterminio del partido Unión Patriótica. Y fueron también claves en la consolidación de los grupos paramilitares. En 1990, por ejemplo, un grupo de 60 paramilitares, siguiendo órdenes de Fidel Castaño, ingresó en dos camiones y cuatro camionetas al municipio de Pueblo Bello, en Turbo. En la plaza del pueblo retuvieron a 43 personas, las trasladaron a una finca y los asesinaron. Según los testimonios de hombres desmovilizados del Bloque, la operación contó con la complicidad del ejército y la policía. Según investigaciones judiciales los paramilitares vestidos de camuflado se movieron con libertad por una zona en la que había un retén del Ejército, una base militar y el comando de policía de San Pedro de Urabá.
Con 1.088 agentes se estrenó en pasados días el “cuerpo élite para la paz” de la Policía Nacional. De acuerdo con un comunicado de prensa, este nuevo grupo exclusivo se enfocará “en desmantelar organizaciones criminales que atentan contra defensores de derechos humanos y líderes sociales”. Así mismo, combatirá las “organizaciones sucesoras del paramilitarismo”. Esta iniciativa marcaría una ruptura con narrativas históricas, pues en el pasado cuerpos exclusivos dentro de la fuerza pública han hecho lo contrario. Es decir, se han sumado a empresas paramilitares o de ejércitos privados.
Las colaboraciones entre grupos armados legales e ilegales han sido constantes en periodos de confrontación y de reconciliación. Durante la hegemonía conservadora, en un periodo de relativa estabilidad, aparecen quizá las primeras referencias a la colaboración entre cuerpos oficiales e intereses privados para ejercer violencia. Para entonces, los resguardos departamentales, es decir, la policía fiscal orientada al control de contrabando externo e interno, (entre departamentos) comenzaron a comportarse como escuadrones de la muerte. En 1917, el ministro Abel Carbonell le informó al presidente José Vicente Concha sobre los desmanes de los resguardos. “Para asegurar la tranquilidad tuve que ordenar el desarme de los resguardos que fueron aumentados en vísperas de las elecciones para amedrentar a los ciudadanos y aun a las autoridades de los pueblos” afirmó el ministro. Explicó que esta medida fue necesaria tras interceptar un telegrama enviado por un comandante de los resguardos departamentales en la que anunciaba la llegada de uno de los candidatos al municipio e impartía la orden: “Tránquenle duro y denle una paliza”.
En 1931, tan sólo meses después del comienzo de la República Liberal, se registraron en los archivos oficiales y la prensa las primeras denuncias de violencia en Norte de Santander. Durante la campaña previa a las elecciones para concejos municipales de 1931, se denunció el carácter partidista de secciones de la Policía y el violento papel jugado por los resguardos departamentales. Como consecuencia de los desmanes de estos grupos, la Asamblea departamental acabó por licenciar la policía departamental y prohibir a los resguardos de rentas departamentales portar armas de precisión, las cuales les fueron decomisadas. “Prohíbase a los resguardos de rentas departamentales portar armas de precisión como grass, Mauser y carabina” dice la ordenanza de la Asamblea y concluye que “los elementos de la guerra de que disponen los resguardos serán depositados por riguroso inventario en los juzgados”.
Para 1945, grupos dentro de los resguardos seguían ejerciendo violencia por fuera de sus funciones legales. La memoria del ministro de Gobierno, Absalón Fernández de Soto, al Congreso de 1945, describe cómo miembros de los resguardos y de la policía ponían en “peligro el orden público” a través de actos de sabotaje, de coacción y violencia contra los electores. Y en la confrontación de los 50 fueron estos mismos resguardos los que aterrorizaron a poblaciones en distintos departamentos del país.
Estas alianzas de grupos al interior de las fuerzas armadas y ejércitos privados fueron sólidas durante la campaña de exterminio del partido Unión Patriótica. Y fueron también claves en la consolidación de los grupos paramilitares. En 1990, por ejemplo, un grupo de 60 paramilitares, siguiendo órdenes de Fidel Castaño, ingresó en dos camiones y cuatro camionetas al municipio de Pueblo Bello, en Turbo. En la plaza del pueblo retuvieron a 43 personas, las trasladaron a una finca y los asesinaron. Según los testimonios de hombres desmovilizados del Bloque, la operación contó con la complicidad del ejército y la policía. Según investigaciones judiciales los paramilitares vestidos de camuflado se movieron con libertad por una zona en la que había un retén del Ejército, una base militar y el comando de policía de San Pedro de Urabá.