La revista Semana (de la familia Gilinski) anuncia “nuevo tropiezo para el proyecto de Jurisdicción Agraria del Gobierno Petro”. Al respecto, cabe aclarar que no se trata de un “tropiezo” para Petro. No se trata de una coyuntura ni de un mal paso aislado: es, en cambio, un patrón histórico más viejo que la propia revista Semana. Como explicó la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, “se está bloqueando la posibilidad de que Colombia tenga justicia agraria”. Por su parte, el exministro Juan Fernando Cristo declaró que “sería muy triste que por trámite se hundiera un proyecto que hace décadas esperan los habitantes del campo colombiano. Un llamado a todas las bancadas a cumplir con su deber de debatir un proyecto de tanta trascendencia”.
La discusión de la Jurisdicción Agraria y Rural (un proyecto clave para resolver conflictos sobre el uso y la tenencia de la tierra) está bloqueada porque, pese a acuerdos previos entre bancadas y a estar en el cronograma de la Cámara desde hace casi un mes, no se ha podido debatir porque el quórum se desbarata cada vez que se va a iniciar la discusión.
Este bloqueo o tropiezo tiene sus raíces en debates que escapan a este noviembre de 2025.
En carta desde Ciénaga, Magdalena, el 11 de agosto de 1930, el liberal Eloy Y. Rada advirtió al recién electo presidente Enrique Olaya Herrera sobre los peligros de una democratización del trabajo agrario y de la tierra en un momento aún marcado por la masacre de las bananeras. “Quiera Dios”, escribe Rada, “no se desencadene en Colombia una revolución como en Francia, con la germinación de las doctrinas de Juan Jacobo Rousseau, revolución que creyó borrar en un solo día al cristianismo”. La carta argüía que favorecer a los trabajadores bananeros equivalía a abrirle paso a “la Comuna”, a la que describía no como un partido político sino como una secta, y señalaba como su representante en el Congreso a Jorge Eliécer Gaitán, quien había visitado la zona (“no se ocupa más que del obrero”) presentándose como socialista revolucionario.
Vale la pena recordar que la huelga de 1928 pedía lo mínimo: seguro colectivo obligatorio, reparación por accidentes de trabajo, habitaciones higiénicas y descanso dominical, aumento del jornal en un 50 % para quienes ganaban menos de COP 100 mensuales, abolición del pago en vales, pago semanal y eliminación del sistema de contratistas intermediarios. En 1930 los propios contratistas intermediarios, colonos y grandes terratenientes reconocían que el sistema era injusto en demasía. La United Fruit Company, declararon, “es la única entidad establecida en esta región desde hace varios años para comprar y exportar bananos”, y ejerce un monopolio perfecto que le permite “obtener pingües rendimientos, clasificando y comprando la fruta a precios que no responden a los (...) trabajos que ocasiona el producirla”. Aun así los liberales de la región, como don Eloy (y los conservadores en la totalidad del territorio nacional) estaban preparados para no ceder un milímetro.
Veintiocho años después, en 1958, un reporte de expertos comisionado por el presidente Alberto Lleras reconocía que “el problema agrario nacional” había permanecido oculto de las discusiones políticas bogotanas “bajo la sombra del control de la libertad de prensa y supeditado a los frecuentes acontecimientos políticos de los últimos tiempos”. Pero, afirmaba, “el problema está latente, socavando la conciencia pública y creando focos de intranquilidad social”. En el espíritu de colaboración de inicio del Frente Nacional, el reporte exhortaba a construir “fórmulas concretas (de redistribución de la tierra) para elevarlas al conocimiento de las cámaras legislativas y exigir de ellas su traducción a leyes de la República”.
Aun así los liberales de la región (y los conservadores en la totalidad del territorio nacional) seguían empecinados en no ceder un milímetro.
Hoy, pese a casi un siglo de experiencias y fracasos con la justicia agraria, los fantasmas y miedos que protagonizaron los bloqueos anteriores siguen encontrando espacio.
