La profesora Catherine LeGrand nos cuenta sobre la ansiedad que abrumó a dirigentes económicos y políticos en Colombia cuando los procesos de industrialización y urbanización convergieron en la década de 1920. El paso de un país camandulero, agrario y con servidumbre a uno camandulero pero más urbano, de trabajadores asalariados y barrios angustió a las élites y puso de relieve la “cuestión social”. La sola posibilidad de ser interpelados por “las clases obreras” despertó preocupaciones sin fin sobre la seguridad del Estado y el orden público. En la medida en que avanzó la década, trabajadores inspirados por el clima de la Revolución mexicana se organizaron en sindicatos y avanzaron ideas de izquierda. Al tiempo, la población urbana se volvió impredecible, más contestataria y amaneció cada mañana con nuevos habitantes.
Fue este el caldo de cultivo para miedos cada día más punzantes alrededor de supuestas amenazas inminentes de criminalidad, vagancia y revolución. LeGrand enumera las tres fuentes de mayor inquietud: “Los vagabundos, las huelgas y los agitadores socialistas”. Eran días de la Hegemonía Conservadora y las mayorías parlamentarias legislaron para proteger “el orden jerárquico, moral y político católico”. Agitadores y huelguistas fueron estigmatizados y tipificados en el Código Penal. Los “vagabundos”, por su parte, fueron penalizados con cárcel en 1922. En 1926, el decreto 1863 describió a los “vagos” como aquellos “sin trabajo, ni capital, ni renta (…) ebrios consuetudinarios. Rameras o menores de edad que causen escándalos por su insubordinación a la autoridad, o que juegan juegos prohibidos más de cinco veces al trimestre”.
Podría pensarse que todo cambió radicalmente con el comienzo de la República Liberal. Sin embargo, el proyecto de ciudad moderna, esbozado por muchos de los líderes del partido, compartía la desconfianza en “la vagancia de las clases populares” y la descripción del “buen ciudadano” se realizaba a través de la sanción a los llamados “maquetas” o “vagos”. Durante la administración distrital de Jorge Eliécer Gaitán se multó “a todo aquel que se pare en las calles centrales a hablar, embriagarse o reírse”. En ocasiones “vagancia” se confundía con “flagrancia” y eran comunes los aspavientos (un joven obrero con tiempo libre mal administrado podía pasar del callejeo a la sedición). Aquellos días era común leer en las “cartas de los lectores” publicadas en la prensa local el deseo por “limpiar de maquetas los parques y las calles”. Pero no fue sino mucho después que el término de “limpieza” se popularizó.
De acuerdo con Memoria Histórica, las operaciones de aniquilamiento social datan de finales de los años 70, y fueron registradas en Pereira. De ahí en adelante, dice el informe, “la práctica se regó; en varias ciudades se comenzó a escuchar la noticia del asesinato de habitantes de calle, trabajadoras sexuales, ladrones”. Aunque es un fenómeno nacional, sólo el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) ha recopilado las cifras de este crimen que define como “la eliminación de personas consideradas por sus victimarios como disfuncionales o problemáticas para la sociedad (…) habitantes de la calle, drogadictos, mendigos, prostitutas, homosexuales o delincuentes”. A partir de esta información se puede concluir que el crimen ha recaído considerablemente sobre los hombres jóvenes de barrios populares.
Ante la persecución de Duque a las dosis mínimas, hay quienes evocan a Rodrigo Duterte, el presidente de Filipinas. Y hace poco más de un año, el expresidente César Gaviria salió a aconsejar al propio Duterte para que frenara su persecución a los consumidores. Pese a la buena imagen internacional del expresidente Gaviria, no hay nada que aconsejar. El franco exterminio de jóvenes en barriadas nacionales tuvo su primer pico durante la primera mitad de los 90, en la administración Gaviria. La participación activa de miembros de los organismos de seguridad en la ejecución directa de la limpieza social es lo que permitió que esta fuese tan exitosa. En momentos de reintegración en las ciudades de excombatientes de las Farc, la supuesta penalización de la dosis mínima es un muy mal presagio.
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