6 Jun 2021 - 3:00 a. m.

La política de muerte

Buenaventura es una “ciudad fallida”, dice Germán Vargas Lleras en una de sus recientes columnas. El exvicepresidente confiesa sentir “impotencia y frustración” cuando oye mentar el puerto sobre el mar Pacífico, al que asocia con “pobreza extrema, violencia, narcotráfico y corrupción”. Un lugar “inviable en donde cualquier proyecto de desarrollo se torna imposible”. Describe cómo todos los mandatarios locales se han robado la plata que les manda Bogotá y los habitantes viven entre amenazas y cuadrillas de hombres armados. Sobre el último alcalde, Víctor Hugo Vidal, afirma que “coadministra la ciudad con el Comité del Paro” y no ha presentado un plan de acueducto y alcantarillado, para el cual se cuenta con un préstamo del BID. Se queja también de la lentitud con que se expande el puerto, que para hoy debía haberse tomado toda la bajamar.

Para solucionar este estado de las cosas, sugiere, hay que “intervenir” para anular la autoridad local. “Pero la Constitución no lo permite”, lamenta. Habría, dice, que hacer una reforma urgente para dirigir estos territorios urbanos desde el centro. Menciona también que España y Francia sí están autorizadas a tomarse las “ciudades fallidas” y queda uno con la duda de si este hombre fuerte nacional quisiera que los propios europeos agarraran a Buenaventura y administraran el puerto y todo lo demás.

Quizás olvida Vargas Lleras que los europeos ya colonizaron estas tierras y las saquearon. Tal vez no recuerda que por vivir en república y democracia no pueden desde Cali, Bogotá o Medellín remover al alcalde elegido por voto popular. Que, en palabras de Francia Márquez, los territorios del Pacífico “no fueron un regalo”; es más, “les costó a los ancestros muchos años de trabajo en las minas y haciendas esclavistas”.

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Tampoco menciona ni una palabra sobre cómo fue el Bloque Calima —organizado por la casa Castaño, miembros de las Fuerzas Militares y empresarios de lo legal e ilegal, desde Córdoba y Antioquia— el que inauguró las masacres en la ciudad en mayo del 2000. Ni sobre cómo fue a partir de ese año que la cotidianidad vino con desapariciones forzadas (que continuaron con el fracaso de la desmovilización paramilitar). Ni sobre cómo cada escándalo de corrupción en Buenaventura ha tenido su contraparte en Bogotá y a veces en su propio partido, Cambio Radical. Ni sobre cómo, aunque no lo suficientemente rápido para su gusto, el puerto ya se ha expandido a expensas de los habitantes de las viviendas palafíticas de bajamar, que fueron casi siempre desplazados con amenazas a sus vidas. Ni sobre cómo la alcaldía de Vidal no ha podido consolidar el plan de agua porque, además de la pandemia y la ruina de su ciudad, ha tenido en contra al propio Viceministerio del Agua, que no respeta sus decisiones.

En contrapunto a sus recomendaciones, cabe exigir futuros en que se haga frente a la pobreza urbana con inversiones y subsidios que reconozcan no solo los bajos ingresos de las comunidades, sino también las desventajas históricas de la ciudad. Que se exija la posibilidad de reparaciones al racismo estructural y la política de muerte que evitó cualquier inversión grande durante las décadas del gobierno directo desde Bogotá (solo desde 1992 se eligió a un alcalde popular) e hizo que en sus barrios anclara el narcotráfico como forma de rebuscarse el diario. Que los proyectos de desarrollo signifiquen una multiplicación de las opciones de vida de las personas. Que la agenda de “intervención” estatal prometa un ingreso básico, un compromiso respetuoso con los acuerdos del paro cívico de 2017, un repensar de la guerra contra las drogas, que es la que acecha en las costas del puerto.

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