Las casas del presidente

Diana, una joven en Manizales, describió la situación, luego del terremoto de 7,4 de magnitud del pasado lunes: “Ya no puedo decir: ‘Ahorita voy a mi casa’, porque no puedo volver. Ya no tengo casa”. El lugar donde vivía, ubicado en el edificio El Mirador, en el barrio Milán, quedó inhabitable. Según la prensa, al menos 2.000 personas más se quedaron sin techo en Manizales y algunos viven hoy en el Coliseo Mayor de la ciudad.

José, un hombre en Pereira que trabaja como obrero de construcción, contó cómo él y su familia perdieron la vivienda en la que vivían en arriendo en el barrio Corosito: “Donde nosotros estábamos se colapsó la casa del lado y donde pagamos arriendo se agrietó en todas partes. En parte del baño y en el patio cayeron escombros, la verdad lo único que yo pude sacar fueron a los dos niños y mi esposa”. Las primeras dos noches las pasaron en un parque y luego supieron de un albergue municipal, en el estadio Alberto Mora Mora, en donde han pasado las últimas noches en colchonetas.

En el municipio de El Cairo (Valle), la mayoría de las casas se quedaron sin techo y los habitantes quedaron entre polvo. Periodistas publicaron fotos de lo que encontraron en las calles: camas, sofás, mesas, electrodomésticos. La Oficina de Gestión del Riesgo del Cauca presentó un consolidado oficial de los daños y hasta el momento hay 1.241 viviendas afectadas y 71 quedaron completamente destruidas. En total, cifras oficiales (de la Ungrd) hablan de 79.108 viviendas averiadas, 13.077 destruidas y 121 edificios colapsados. Sin embargo, como ha advertido la Defensora del Pueblo, no hay censos serios o sistemáticos ni se sabe mucho de los daños en el departamento del Chocó.

Julián, en San José del Palmar (Chocó), el epicentro del terremoto, explica que la situación en este municipio es devastadora pues cree que la totalidad de sus cerca de 7.000 habitantes fueron impactados por la destrucción. En Istmina, 100 viviendas colapsaron, y 900 registraron daños. Se habilitaron las escuelas, también con fallas, para convertirse en albergues. En La Italia, zona rural de Istmina, la mayoría de las casas quedaron inhabitables y aún queda por corroborar los daños a los resguardos indígenas que están a más de una hora del casco urbano.

Nilson, en Quibdó, dice que en su barrio Jardín, sector Las Dalias, “la pérdida es total. No hay ningún muro que pueda recuperarse. Todos tienen que ser demolidos”. El suelo de su casa está cubierto por fragmentos de concreto, varios muros se vinieron abajo y las grietas se extienden desde el techo hasta el piso. “He recibido un mercado y dos colchonetas, pero no sabemos qué va a pasar. Uno espera el apoyo del Estado, una información que le permita saber qué hacer, pero hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta”, dijo a la prensa el día jueves. Mientras tanto, muchos duermen en el Coliseo de Boxeo.

Esta semana, el presidente De la Espriella habló del Fondo Milagro, una nueva entidad para canalizar aportes nacionales e internacionales y se anunció un crédito de hasta 450 millones de dólares con el Banco Mundial. La primera dama, Ana Pineda, quedó encargada de otro fondo de donaciones y convocó en la plataforma Tigresas Moviéndose a una cadena de oración virtual. Entre viajes, videos y vítores a sí mismos, la nueva familia presidencial debió lidiar con decisiones de alojamiento puesto que tiene viviendas (muchas viviendas).

De la Espriella tendrá moradas en Barranquilla, Medellín y Cali. En Barranquilla se construye actualmente una casa blanca de “arquitectura neoclásica”, parecida a la de Trump, pues responden, en palabras del presidente, al “mismo lenguaje arquitectónico de una época”. La casa contará con un batallón de nombre Paraíso y, aunque hay algunas contradicciones en las declaraciones oficiales, parece que la Gobernación del Atlántico destinó cerca de 2.000 millones de pesos y empresarios afines hicieron donaciones, quizá para congraciarse con el nuevo presidente. Cuando tenga que ir a Bogotá, este último no despachará desde la Casa de Nariño (que se rumora tiene malas energías), sino desde el Palacio de San Carlos, donde funciona la Cancillería.

El abogado Enrique Uribe detalló en Razón Pública cómo esto requerirá reformas de ejecución complicada debido a que el edificio es un patrimonio arquitectónico. Si se toma “como referencia un costo de $10.000.000 por m2 para una intervención de esta naturaleza, estaríamos hablando de cerca de $36.000 millones”. A esto se suma “el costo de comprar o arrendar un área similar para instalar la nueva sede de la Cancillería, teniendo en cuenta que se ha anunciado su eventual fusión con el Ministerio de Comercio. Una operación de esas características podría representar fácilmente otros $30.000 millones o $40.000 millones, entre adquisición o arrendamiento, adecuación, dotación y traslado”. Y si, además, hay que ampliar el mentado Palacio para que sea seguro y funcional, “la operación completa podría acercarse fácilmente a los $200.000 millones”.