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La escritora Jamaica Kincaid dice que los turistas no van al Caribe a aprender nada, sino más bien a olvidar. Escribe que muchos nativos de las pequeñas islas quisieran “hacer un viaje”, pero “son demasiado pobres para ir a ninguna parte. Son demasiado pobres para escapar de la realidad de sus vidas; y son demasiado pobres para vivir adecuadamente en el lugar donde viven, que es precisamente el lugar al que usted, el turista, quiere ir”. De modo que envidian al turista, “envidian su capacidad de dejar su propia banalidad y aburrimiento, envidian su capacidad de convertir su propia banalidad y aburrimiento en una fuente de placer para sí mismo”.
En el último mes, prensa y redes sociales han alertado sobre las consecuencias negativas del turismo en Medellín. Parafraseando al puertorriqueño Benito Martínez (Bad Bunny), se enumera el alza de los arriendos, restaurantes y la vida cotidiana. “Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No, no suelte’ la bandera … Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái”. Medellín al parecer está viviendo un proceso parecido al que vive San Juan y que vivió en el pasado Hawái.
Que tengamos que ir hasta un archipiélago de islas volcánicas en el océano Pacífico central pasando por Puerto Rico, demuestra lo poco que pensamos en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el mar Caribe suroccidental, como parte de Colombia. Y es que no hay que ir tan lejos para entender al turismo como actividad extractiva. Acá cerca, en este país, tenemos una historia de décadas de eso mismo.
La Ley 127 de 1959 declaró Puerto Libre a San Andrés y Providencia, y a través de la década de 1960 el gobierno colombiano no sólo fortaleció su presencia en las islas con bases militares, sino que promovió el turismo con fondos públicos. Los profesores Wilhelm Londoño y Pablo Alonso González han narrado cómo el pueblo raizal ha sido doblemente desplazado: por un fallo de la Corte Internacional de Justicia de 2012 y por transformaciones económicas ligadas al turismo. La mentada Corte redujo su acceso histórico a zonas de pesca y el turismo controlado por ciudades en la Colombia andina reordenó la economía local, dejándolos afuera de las grandes ganancias de ese sector.
Jamaica Kincaid escribió sobre la lluvia y el turismo. Si llueve, dice Kincaid, verás la lluvia porque estás de vacaciones: “No verás cómo es para alguien que tiene que vivir día tras día en un lugar que se marchita constantemente por la sequía, y que por eso debe vigilar cuidadosamente cada gota de agua dulce que se utiliza, mientras al mismo tiempo está rodeado por un mar y un océano —el mar Caribe de un lado, el océano Atlántico del otro”.
En San Andrés, la infraestructura y la operación del agua muestran una desigualdad estructural entre el North End turístico y los barrios del sur residenciales. En 2019, las desalinizadoras entregaban 42,4 litros por segundo a North End, mientras la planta de ablandamiento aportaba solo 14,4 litros por segundo para La Loma, Cove y San Luis. La concesión con Veolia de 2005 consolidó ese sesgo: servicio continuo 24/7 en la zona turística e intermitencia para residentes (cada 20 días en La Loma y semanal en Cove). La prórroga de 2019 mantuvo la lógica; incluso la meta de 12 horas diarias para La Loma en 2023 siguió por debajo de la regulación. San Luis, aunque figura con meta 24/7, depende de una menor capacidad del líquido y recibió asignaciones efectivas inferiores en 2021-2022. También hay brecha de consumo: 298 litros diarios por turista frente a 120 por residente.
