El 23 de agosto, De la Espriella informó que el incendio registrado en Coello, Tolima, había sido controlado. La respuesta de los bomberos evitó que el fuego alcanzara un gasoducto. “Se evitó que las llamas alcanzaran esta infraestructura estratégica y provocaran una emergencia aún mayor”, trinó el presidente. Días después, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó 21 incendios activos en cinco departamentos, 11 de ellos en zonas rurales del Tolima y el resto en Valle del Cauca, Cundinamarca, Nariño y Huila.
En la segunda temporada seca del año, agravada por El Niño, el país ya sumaba más de 600 incendios en más de 200 municipios. Sólo en el Tolima se quemaron más de 20.000 hectáreas en 22 municipios. El 21 de septiembre la UNGRD informó que un incendio forestal (activo desde el día 19) en Villa de Leyva, Boyacá, había afectado aproximadamente 290 hectáreas. El gobernador de Cundinamarca y el alcalde de Coello hablaron de incendios provocados (iniciados en quemas para limpiar potreros, por ejemplo). Pero las llamas se prendieron en condiciones especialmente favorables para el fuego.
El Niño, que calienta las aguas del Pacífico tropical y reduce las lluvias en buena parte del país, coincidió con un planeta más caliente por la quema de combustibles fósiles y la deforestación. Los dos efectos se suman. Con más calor, el aire extrae humedad de las plantas, y la vegetación seca, sobre todo la hojarasca, se enciende con facilidad y permite que el fuego avance rápido y con intensidad. Un análisis de World Weather Attribution sobre la sequía que golpeó la Amazonía en 2023 encontró que El Niño redujo la lluvia en una proporción parecida a la del cambio climático, pero que la resequedad del suelo y la vegetación se debió casi por completo al aumento de la temperatura global. Según ese estudio, el cambio climático hizo esa sequía agrícola unas 30 veces más probable. A esto se suman décadas de deforestación, ganadería extensiva y mal manejo del agua, que le han quitado al territorio capacidad para retener humedad.
Así las cosas, ninguna intervención de bomberos podrá reparar el daño que podría dejar este gobierno si mantiene la política ambiental que ha planteado. En el papel, el programa de Abelardo de la Espriella promete perseguir penalmente a quienes financian la deforestación. Al mismo tiempo, el gobierno quiere ampliar la frontera productiva (busca incorporar 1,5 millones de hectáreas a la frontera agrícola durante el cuatrienio). Según una columna publicada en Contexto Ganadero —el medio favorito de Fedegán—, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, propone promover la ganadería regenerativa dentro de esa expansión con la creación de un “Matto Grosso colombiano (sic)”. La propuesta no está ligada con claridad a sistemas de trazabilidad, y el contexto es preocupante. Según el IDEAM, en el primer trimestre de 2026 la deforestación en la Amazonía aumentó 40 % frente al mismo periodo de 2025, y una de sus causas principales fue la ganadería extensiva.
Además, buena parte de la apuesta ambiental del gobierno descansa en incentivos al sector privado para que desarrolle mercados, como el de los bonos de carbono. Una de sus propuestas es restablecer al 100 % la exención del impuesto al carbono, que permite a las empresas no pagar el impuesto si compensan sus emisiones con esos bonos. El problema es doble. Por un lado, las empresas terminarían pagando menos por contaminar, lo que debilita la señal de precio que justifica la existencia del impuesto. Por el otro, se reducen los recursos de uno de los principales instrumentos fiscales que hoy financian la conservación con dinero público, en un gobierno que además promete recortar el gasto del Estado.
Hay otro frente que conviene mirar. De la Espriella ha hecho de la inteligencia artificial una de sus banderas. En su discurso de posesión llamó a incorporar a Colombia “a la Cuarta Revolución Industrial”; durante la campaña su equipo habló de construir infraestructura digital basada en conectividad, datos e IA; y en septiembre nombró a David Vélez, fundador de Nubank, para diseñar una estrategia que convierta al país en el primer “nativo en inteligencia artificial” de América Latina. Hasta ahora el gobierno no ha dicho que vaya a atraer centros de datos, pero el sector ya está tocando la puerta. La Asociación Colombiana de Data Centers anunció que entregaría un documento al nuevo gobierno y proyecta que el mercado pasará de unos 450 millones de dólares en 2025 a cerca de 1.450 millones en 2031. Esas instalaciones necesitan grandes cantidades de electricidad y, en muchos casos, de agua para enfriar sus equipos.
Para rematar, el presidente (y sus acólitos) quieren desregular las licencias ambientales y las consultas previas para “ganar eficiencia”. “Ninguna comunidad a la brava porque sí me va a parar ningún proyecto”, amenazó. Dicen que son provida. Pero, quizá, la extingan como nunca nadie lo hizo antes.