Durante la última semana la prestación de servicios públicos, especialmente electricidad y agua potable, fue espacio de torpeza.
En Villavicencio, la Empresa de Acueducto instalará micromedidores de máxima precisión para cobrar cada gotita. La medida se aplicará también al estrato uno, que deberá pagar el 50% del costoso aparato. Licitaciones para decidir quién provee los micromedidores y quién los instala. Contratos, firmas, sellos, almuerzos, mordidas. Toda esta operación para controlar a familias que consumen en promedio 20 metros cúbicos mensuales, cuando quizás sería más barato conceder a los hogares pobres esos 20 metros, instaurando un mínimo vital gratuito.
En Buenaventura fue la Empresa de Energía la que instaló sofisticados contadores digitales. Usuarios denunciaron que antes pagaban entre $35.000 y $40.000 y ahora pagan entre $130.000 y $140.000. La entidad precisó que “las tarifas tuvieron este mes un incremento, pero volverán a su normalidad”. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los contadores no funcionaron? ¿Que los van a ajustar? (“Hasta el paso de un pájaro es registrado y sumado en estos contadores”, dijo alguien).
Tantas concesiones e improvisación hacen que sea difícil asignar responsabilidades. Usualmente, ante fallas en el servicio de agua, la empresa privada concesionaria culpa al gobierno por su falta de ampliación o escaso mantenimiento de la infraestructura. El gobierno municipal culpa al departamental. Y los habitantes, desde siempre, al alcalde.
Las empresas de agua, además, son muchas veces las causantes de la debacle de las empresas de electricidad. Los acueductos de Tolú, Coveñas y Betulia (Sucre) deben $673 millones a Electricaribe. Esta última suspenderá eventualmente el servicio... y sin luz en el acueducto, no habrá agua en la ciudad.
