El retorno de la derecha y sus ruinas

Me asusta la vuelta de la derecha. Las promesas que quedan a medio camino, los procesos iniciados en la restitución de tierras (avanzados en departamentos como Cauca, Antioquia, Cesar y Vichada) y la reacción de la clase política tradicional (una vez recuperado el poder), van a despertar frustraciones. La llegada de un Estado que ensayó medidas redistributivas, no bombardeó por sospecha medio país y se permitió cierta imaginación (no sin tropiezos) sienta unos precedentes difíciles de olvidar.

El espejo de lo que vendría lo tenemos al ladito, en Ecuador. Con Paloma o/y Abelardo se augura la vuelta a un modelo de gobernanza en que se trenzan el extractivismo y la guerra contra las drogas.

De acuerdo con la embajada de Estados Unidos en Ecuador, se han entregado millones con fines antinarcotráfico: con un acuerdo de cooperación en seguridad por USD 25 millones firmado en 2024 y otro por casi USD 20 millones adicionales en 2025. Las operaciones conjuntas, aviones y dólares han dado la bienvenida (por primera vez en el país vecino) a las ejecuciones extrajudiciales por cuenta del Estado.

Y la mentada guerra contra el narco nunca viene sin una dosis fuerte de minería. En febrero de 2026 el Legislativo ecuatoriano aprobó reformas impulsadas por el presidente Noboa para estimular la inversión minera, incluyendo reemplazar la licencia ambiental por una autorización exprés. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU registró en 2024 una “violencia creciente, incluso por parte de fuerzas de seguridad, y uso indebido del derecho penal” contra defensores ambientales en el contexto de consultas por proyectos mineros. En ese mismo informe afirmó que la minería ilegal estaba vinculada con asesinatos, amenazas y agresiones

Pese a que hoy tanto Paloma como Abelardo sueñan con esta vecina panacea de minería y mano dura, datos oficiales del gobierno Noboa muestran cómo la desigualdad está hoy peor que al inicio de su período. Es decir que, aunque quienes tenían plata han hecho más plata, el beneficio mineral no se distribuye. Asimismo, el Ministerio del Interior ha reportado que Ecuador pasó de 8.248 homicidios en 2023 a 9.216 en 2025 (tras una leve mejoría en 2024).

Dólares para bombardeos, hacinamiento en las cárceles, asesinato de defensores del territorio en defensa estatal de la minería: una receta que no está dando grandes resultados para el país en su conjunto. No es sorprendente, pues ya lo intentamos en Colombia durante toda la primera década de 2000 (el llamado modelo Bukele fue primero Don Bernabilidad y Seguridad Democrática). Entre 2000 y 2016 Estados Unidos aportó más de USD 10.000 millones en un esfuerzo frenético de la guerra contra las drogas en Colombia.

En 2006, el Ministerio de Minas y Energía del primer gobierno Uribe bautizó “Colombia: país minero”, explicando que “el Estado debe actuar como facilitador” del desarrollo minero, pues esta iniciativa privada es “la única fuerza capaz de generar el desarrollo minero del país”.

Como en Ecuador, se mantuvo intacta la desigualdad: la bonanza minera fue aprovechada por pocos. Y aunque se intensificó un sentimiento de seguridad en varias regiones del país, militarizadas con la inyección de capital gringo, la Comisión de la Verdad ha explicado que hubo por lo menos 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008.

El extractivismo de entonces degradó los ecosistemas, intensificó la violencia contra las mujeres, las poblaciones indígenas y las comunidades negras. La vuelta a un modelo de gobernanza en que se trenzan el extractivismo y la guerra contra las drogas priorizará la desigualdad mientras erosiona las condiciones que hacen posible la vida colectiva. Además, ya no estamos en 2002. En tiempos de consecuencias climáticas y genocidios lo que está en juego no son simplemente unas elecciones, sino la supervivencia misma de poblaciones y territorios.