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Analistas en medios de comunicación celebran desde ya el eventual triunfo de Abelardo de la Espriella. Algunos festejan que impulsará una reactivación total e inmediata de la exploración y explotación de petróleo y gas, con un fuerte empuje al desarrollo de yacimientos en el mar Caribe. Según dijo el “experto en energía y banquero de inversión” Iván Arroyave al medio Valora Analitik, “De la Espriella propone un impulso acelerado a los hidrocarburos, acompañado de simplificación de trámites y reducción de barreras regulatorias, con el objetivo de atraer mayores flujos de inversión extranjera directa”.
De la Espriella es también un entusiasta del fracking. Ha prometido que autorizará cuanto antes el procedimiento que consiste en extraer petróleo y gas atrapados en rocas profundas, inyectando agua mezclada con arena y químicos para exprimir los hidrocarburos. El candidato afirmó ante la ANDI que abrirá plenamente la puerta a la técnica, que describió como “tecnología moderna y responsable bajo regulación rigurosa”. Explicó, al tiempo, que la vigilancia no será tan “rigurosa” pues habrá reducciones regulatorias y Colombia no se puede “condenar al atraso energético por fanatismo”.
De la Espriella nos explicó que quienes nos oponemos estamos mal informados. Ante las cámaras del informativo simpatizante Telemedellín, declaró: “El gas a lo que dé, fracking corrido, la gente está mal informada sobre lo que es el fracking, el fracking es una obra civil, como (construir) este edificio de Telemedellín, si lo hicieron bien, no se va a caer”.
Entretanto, se oyen declaraciones casi idénticas en Venezuela, donde se habla también de “gas a lo que dé”, “petróleo corrido”. Venezuela, que como Colombia fue alguna vez un país cafetero, se convirtió, a partir de la década de 1950, en una economía exclusivamente petrolera y minera. El país exploró y explotó hidrocarburos de la mano de empresas gringas. Sancionó leyes en los 70 que flexibilizaron el sector petrolero en materia ambiental. Luego, en los 90 se activó un frenesí minero. El segundo gobierno de Rafael Caldera abrió por decreto la Reserva Forestal de Imataca, en el estado Bolívar, dando rienda suelta a la minería y desatando un conflicto ambiental, pues en ese entonces esa reserva era un área protegida donde las comunidades vivían del bosque.
Aunque con la revolución bolivariana uno podría imaginar grandísimas rupturas, esta doctrina (de explotar y relajar regulaciones para explotar más) es una que acompaña tanto a Chávez como a Maduro. Si bien Chávez, siendo candidato presidencial en 1998, se pronunció contra la apertura minera de Imataca decretada por Caldera, una vez en el poder, en 2011, fue él quien impulsó el proyecto y concretó la desregulación de la reserva forestal (que hoy se conoce como el Arco Minero del Orinoco). Ambos, Caldera y Chávez, promovieron el petróleo y la minería “corridos”, pero distribuyeron las ganancias de manera diferente. Consolidando por primera vez la promesa de un Estado de bienestar, Chávez llevó programas sociales o misiones a comunidades que hasta ese momento no habían sido partícipes de la bonanza. La pobreza extrema en Venezuela bajó un 50 %, pero las conquistas sociales dependían casi únicamente de las ganancias del petróleo.
Una vez muerto Chávez se acabó la redistribución de ganancias, pero no paró el frenesí petrolero y minero. En 2016, Maduro emitió el decreto que creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional del Arco Minero del Orinoco. Para ese momento había caído el precio internacional del petróleo, y con él se desplomó la producción nacional de crudo. Maduro flexibilizó aún más las talanqueras ambientales en un extractivismo predatorio. Fue el suyo un periodo de pragmatismo en que se pactó con compañías privadas y se expandió la minería ilegal. El profesor Gianfranco Selgas narra cómo desde entonces se han registrado decenas de hechos violentos en el área, entre grupos armados y la fuerza pública, y usa imágenes satelitales para verificar la devastación total de la antigua reserva, cuyos habitantes heredan un legado de contaminación.
Y las continuidades no paran acá. Selgas muestra cómo entre María Corina Machado y Delcy Rodríguez, las diferencias se vuelven casi inexistentes cuando se trata de poner a la naturaleza al precio más barato posible. Machado promete un “hub energético de las Américas”. Rodríguez sueña con un país “gigante productor” a la altura de Riad. Una habla desde la oposición, la otra desde el chavismo en transición, pero ambas firman el mismo programa energético: abrir el subsuelo al capital extranjero y subordinar el destino del crudo a la mano que reparte las licencias. Esa mano está en Washington, y por eso el modelo nace frágil, pues queda a merced de las sanciones, de los caprichos de Donald Trump. El fanatismo (por el crudo), para usar la expresión de De la Espriella, une lo que la política dice separar.
