Nostalgias de Cusiana (I)

“Atención”, tituló la revista Dinero, “estas son las reservas de petróleo y gas con que cuenta Colombia”. “Reservas de petróleo cayeron”, tituló una redacción económica. “La disminución de la autosuficiencia petrolera preocupa a gremios y expertos”, afirmó otra. Todo el cubrimiento periodístico del informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos coincidió en que se necesitarán nuevos contratos petroleros y de gas.

Casi todos los artículos hablaron de la necesidad de un “debate crítico” alrededor de los mentados contratos de exploración y producción de hidrocarburos y la decisión del Gobierno de frenarlos. Fueron invitados al debate personajes como la presidenta de Naturgas, el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas y el portavoz del Centro Regional de Estudios de Energía. “Si renunciamos a la nueva exploración se estarían sacrificando alrededor de 4.500 millones de barriles”, vaticinó uno de estos entrevistados. Puede decirse que todos los análisis tuvieron este argumento como columna vertebral. Frente a tanta unanimidad habrá quien se pregunte por qué el Gobierno insiste en la transición energética y la lucha contra el cambio climático. ¿Por qué parar contratos si no hay razones para hacerlo? ¿Es acaso un capricho? ¿Un deseo de destruir el país?

Como es un tema que desconozco, acudí a expertos que trabajan en los mismos temas desde orillas distintas. Académicos y organizaciones nacionales y extranjeras de la sociedad civil, que no fueron invitados al debate, hablan de poca rentabilidad y baja competitividad. Documentan, por ejemplo, los altos precios de producción. Si los precios llegasen a bajar el país se quedaría con reservas que no podrá vender.

Uno de los ejemplos que vienen al caso es el de Prodeco, filial de la multinacional suiza Glencore, que en 2021 abandonó las operaciones de extracción de carbón en el Cesar como resultado de la caída de los precios. “La decisión de renunciar a los contratos mineros no ha sido tomada de manera ligera y es un resultado decepcionante”, declaró entonces la multinacional. Más decepcionante resultó la decisión para los aproximadamente 7.500 empleados de las minas y los gobiernos locales que recibían regalías. El episodio es la parábola perfecta de una actividad económica en la que el país no tiene mucho margen de maniobra: nadie respondió por las consecuencias ambientales y sociales del cierre.

Algo similar sucederá con el crudo. Hoy las ventas de vehículos eléctricos suben a diario. La demanda mundial de crudo está destinada a bajar en los próximos años. Esto es un hecho, solo nos faltan los detalles sobre la velocidad con que ocurrirá. Esto, nos explican informes del Instituto del Ambiente de Estocolmo y el Consejo Permanente de Transición Energética Justa en Colombia (CPTEJ), es inevitable y se traduce en mayores riesgos económicos para el país. Como si nuestro mayor activo fuera un gran grupo de vacas lecheras y el mundo se estuviera volviendo intolerante a la lactosa.

Esto coincide con la ausencia de grandes campos de hidrocarburos. Esto no tiene que ver con el Gobierno ni la transición, sino con nuestras realidades geológicas. “De los grandes descubrimientos (…) se ha pasado a otros marginales, cada vez menos competitivos en el mercado global”, explica un informe de la CPTEJ. Esta “realidad física inexorable” explica un informe de la CPTEJ, “hace que el sector de hidrocarburos en Colombia evidencie un declive pronunciado”. Este mismo informe, escrito por Andrés Gómez, de Censat Agua Viva, presenta una alternativa de la que nadie nos habla. Nos narra cómo el retorno del capital invertido en exploración es cada vez menor. Así, entre 2014 y 2022 se gastaron US$8.360 millones para descubrir 320 millones de barriles de petróleo. “Con este capital”, arguye Gómez, estimando altos costos en mantenimiento y reparaciones “se podrían haber instalado, por ejemplo, 2.786 MW de fotovoltaicos, equivalentes a la generación de energía que hoy se tiene en la central hidroeléctrica Porce, para uso doméstico y comercial”.