La transición energética estará en el centro de la discusión nacional este año. Hay quienes se preocupan por la falta de claridad en los planes específicos. Hay también quienes resaltan las incertidumbres claves: qué pasará, por ejemplo, con la economía de regiones de extractivismo (de carbón y petróleo) y con la economía nacional, en general.
De acuerdo con declaraciones del Fondo Mundial para la Naturaleza sede Colombia y Conexión Análisis, “un modelo productivo colombiano no basado en petróleo, gas y carbón implica que se encuentre una actividad económica que genere, a corto plazo, más de $50 billones de PIB anualmente”.
Como parte del debate se incluye la preocupación por los precios de la electricidad. “Petro toma control de la regulación de servicios públicos: ¿qué sigue?”, se pregunta Portafolio con la indignación de quien no está acostumbrado a ser un medio de oposición. “Esto es bastante problemático”, dice en este medio el experto Camilo Ignacio González, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. “Las tarifas en teoría deberían cubrir evidentemente el costo de operación y la ganancia razonable”, explica, sin ahondar en lo que entiende por “razonable”. Pero lo cierto es que no solo el presidente, sino también alcaldes en todos los lados del espectro político se preguntan por el futuro de un recibo que la mayoría de ciudades en que campea la informalidad laboral simplemente no pueden pagar.
Esto, aunque no parezca, hace parte de la mentada transición energética justa. Pues tiene en cuenta todo el sistema energético (extracción de recursos, producción, transmisión, distribución, consumo y eliminación de desechos). Es decir, considera la distribución de los costos, los riesgos y las pérdidas asociadas con la energía desde la perspectiva de las poblaciones afectadas por la producción de energía y desde los ojos de las familias consumidoras.
Ante las dudas, es imposible no sentirse asustado. Y la tarea es abismal, pero no por ello debe perderse la esperanza.
En el camino, tanto el Estado como los movimientos sociales tienen posibilidades y tareas distintas. La transición no va a ser un proceso fácil, ni rectilíneo, ni exento de tensiones y conflictos; pero puede ser regido por ciertos principios, coaliciones y transparencias. Uno en que se privilegie el trabajo colaborativo y se camine con certeza con base en unos mínimos. En nuestra historia hay ejemplos de esfuerzos similares: en los días de la revolución en marcha o en los años dedicados por Carlos Lleras Restrepo a una reforma en la tenencia de la tierra y una asociación de usuarios campesinos (ANUC).
Como en este último caso, es de esperar que los movimientos sociales en varios municipios del país mantengan una brújula propia. Hay que recordar cómo la ANUC terminó desbordando los espacios ofrecidos por el Gobierno y, entre diferencias regionales, se desmarcó del Estado. En el caso de la energía, las ideas de justicia ambiental nacen en un lugar particular, en un mar, en una tierra, con unos vientos e historias. Por esto, además de estar inmersas en ideas de justicia legales, están determinadas por la relación de la comunidad con el territorio. En la medida en que las energías renovables se vuelven más comunes, se están organizando nuevos conjuntos de actores, luchas e interdependencias.
En este punto nos conviene oír al profesor Carlos Tornel, que nos invita a pensar, ya no en zonas de extractivismo, sino en “paisajes energéticos”. Nos anima a ver cómo las luchas contra el extractivismo van más allá de los daños ambientales o el reconocimiento de las poblaciones como “actores” (que pueden ser consultados). Los paisajes energéticos son entonces lugares donde las personas dan forma y sentido al mundo en relación con “significados y valores compartidos”. Así, las luchas futuras sobre los significados de la energía y el territorio y las relaciones entre los paisajes y la vida cotidiana nos darán luces sobre las formas en que la justicia energética se puede pensar y repensar.
