Politizar las dolencias

La OMS ha advertido este año que las cifras de infección por dengue en el mundo podrían llegar a máximos históricos debido al calentamiento global. En días pasados, el Ministerio de Salud de Colombia alertó sobre un brote de dengue que afecta a los pobladores de 274 municipios del país. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, “se observó un aumento superior al 30 % en ciudades como Barranquilla, Soledad, Buenaventura, San Andrés, Santa Marta”, entre otras. En declaraciones entregadas a la prensa, el Ministerio de Salud confirmó el fallecimiento de 44 personas (27 de ellas eran menores de 15 años). El Ministerio declaró que “este registro de muertes se relaciona, entre otras causas, a la baja percepción del riesgo de cuidadores que acuden inoportunamente a los servicios de salud, a prácticas de automedicación en el hogar y al inadecuado manejo de hidratación, situaciones que aumentan el riesgo de complicaciones de los casos”.

A simple vista, estamos ante una combinación de cambio climático y baja percepción del riesgo. Es decir, las ciudades se hacen más calientes y las familias no acuden al médico lo suficientemente rápido. Sin embargo, se trata de un problema con responsables claros (y no son las familias de las personas enfermas): uno de continuidad y presión del agua. Si se mira la lista de ciudades más afectadas, son también las que reportan cortes o falta de agua continua. Ciudades en que las mujeres, principalmente, recogen agua y la guardan.

En la misma prensa que reporta los casos de dengue se encuentran noticias sobre nuevas obras de infraestructura en Atlántico. La gobernadora Elsa Noguera celebró la construcción de una bocatoma, una planta de tratamiento, dos tanques de almacenamiento y ocho kilómetros de tuberías. “Esta es una gran apuesta para continuar impulsando el turismo en el departamento”, declaró una funcionaria de la Gobernación. Pero lo cierto es que de no proveer agua potable (y pagable) a 1,6 millones de habitantes de Barranquilla, Soledad, Galapa, Puerto Colombia, Tubará, Usiacurí, Juan de Acosta y Piojó, seguirán creciendo los casos de dengue.

Algo similar ocurre en La Mojana, entre los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge, donde aumentan hace un tiempo las personas con enfermedad renal. En enero las comunidades de la zona bloquearon vías para pedirle al Gobierno Nacional que cerrara el boquete del Canal del Dique. Este tenía a los hogares inundados. En la protesta se exigió acceso a servicios públicos de calidad y agua potable. Los habitantes expusieron también “el caso de los adultos mayores que requieren diálisis dos veces por semana y tienen que realizar un largo viaje, porque el hospital de la zona no cuenta con la tecnología para brindarle ese servicio”. A simple vista, se trata de una serie de problemas sin relación (la ruptura del canal, la falta de servicios públicos, las diálisis). Habrá quien piense, como en el caso del dengue, que es culpa de las familias que no se cuidan y tienen “baja percepción del riesgo”, pero una vez más hay responsables precisos de la situación.

Como se ha denunciado recientemente, las aguas están contaminadas con metales pesados por la minería ilegal en el Bajo Cauca. Detenerla requeriría el trabajo conjunto y urgente de los ministerios de Minas, Defensa y de la Fiscalía General. Y no es la minería la única responsable. En su texto Acumulación tóxica y despojo agroalimentario en La Mojana, la profesora Juana Camacho nos explicó cómo el despliegue de la agroindustria arrocera, que se expande y concentra la tierra, deja un legado de agroquímicos tóxicos en el agua y los cuerpos. Concentrados en la vida cotidiana, muchos notan cómo la comida y el agua han cambiado de sabor. Camacho cita el comentario de un pequeño agricultor: “Hemos visto que el pez que vive en las aguas cerca de los cultivos se muere después que se fumiga”.