El artículo 246 de la Constitución Política de Colombia nos habla del reconocimiento de las justicias propias de los pueblos indígenas. “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República”, dice el artículo. Y promete que “la ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el Sistema Judicial Nacional”.
Han pasado 33 años y, por fin, este mandato cristaliza en un proyecto de ley presentado (y escrito) por el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Justicia y los representantes de los Pueblos Indígenas. “Esto es un hecho histórico que merece todo el reconocimiento porque lo hemos trabajado en conjunto con la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas”, declaró la magistrada Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. El proyecto, que regula las relaciones entre la Jurisdicción Especial Indígena (JEI), la Jurisdicción Ordinaria y las demás jurisdicciones de Colombia, abre la puerta a las buenas intenciones sembradas en 1991.
Las intenciones respondían a la complejidad de la nación, plena de pueblos indígenas que se resistían a perder sus formas de vida. La cotidianidad de los noventa y dos mil trajo, sin embargo, muchas pérdidas para comunidades y familias indígenas. En 1993 doce Cabildos del norte del Cauca conformaron el primer “comité jurídico zonal” para conocer y estudiar los derechos reconocidos por la nueva Constitución. En 1999, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN, coordinada por Cristóbal Secué, se puso en la tarea de acompañar a los cabildos en la resolución de conflictos internos recopilando casos paradigmáticos para delinear, en el papel, elementos del derecho propio y encontrar un camino de encuentro y respeto con el sistema judicial.
El 25 de junio de 2001 Secué fue asesinado. Días después Aldemar Pinzón asumió el liderazgo del comité jurídico. Se inauguró por esos días un “Espacio de Formación del Derecho Propio”, y se materializaron sueños con la construcción de una sede y el diseño colectivo del plan curricular. A finales de 2002, Pinzón y su hija de 8 meses fueron asesinados en el resguardo de Huellas, en Caloto. El Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC señaló entonces , en un comunicado, que “este doble crimen se suma a la larga lista de líderes asesinados y desaparecidos por la acción de los violentos, que demuestra que existe una campaña en contra del ejercicio del derecho (propio) de los pueblos aborígenes”. En 2020 la Comisión de la Verdad documentó cómo las zonas de mayorías indígenas registraron las tasas de pobreza, desigualdad y conflicto armado más altas de Colombia.
En medio de la esperanza constitucional y la guerra cotidiana (y a través de estas tres décadas) se construyeron puentes informales de coordinación entre el Estado y la organización indígena. Luego de más de una década de trabajo colaborativo en el Cauca, la profesora Sandra Brunnegger analiza cómo en ausencia de la mentada “ley de coordinación” germinaron distintos proyectos e iniciativas apoyados por diversos actores, incluidas organizaciones indígenas regionales y nacionales, comunidades, universidades, organizaciones de la sociedad civil y organismos estatales. Estas iniciativas, afirma Brunnegger, han construido vasos comunicantes entre el derecho estatal y el derecho indígena. Uno de estos es la Escuela de Derecho Propio Cristóbal Secué, supervisada por la organización indígena Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, en el departamento del Cauca. Contra viento y ataques armados la Escuela ha formado una generación de indígenas en derecho estatal e indígena.
Ojalá pueda el Congreso esquivar la condescendencia y los racismos para darle la bienvenida a una justicia más consecuente (y más justa).
