A comienzos de la década del 60 el periódico “independiente, económico, empresarial y financiero” La República se quejó de la movilización de estudiantes de universidad pública y pidió al gobierno de turno regular de manera más estricta la protesta. “Ha llegado al límite la paciencia de las gentes para contemplar el espectáculo de la huelga porque sí. Las escenas que se han visto en los últimos días, como la suspensión del tránsito en las arterias centrales de una ciudad capital de un millón de habitantes, plantean indudablemente la capacidad legal de los alumnos de los planteles oficiales para hacer lo que se les venga en gana”, dice uno de los editoriales. En posteriores números en 1963 y 1965, durante protestas estudiantiles nacionales, La República exigió “acción más enérgica contra los revoltosos”.
Una vez posesionado Lleras Restrepo, se expidió un decreto diseñando un calendario académico de estricto cumplimiento (y restringiendo el derecho a la protesta). En octubre de 1966, miembros de la Federación Universitaria Nacional recibieron con rechiflas y piedras a una comitiva presidencial. Para entonces, el editorial de La República pidió castigos ejemplares para evitar la propagación de “las famosas Repúblicas Independientes en los prados universitarios”. Unos meses después fueron convocados a Consejo Verbal de Guerra (presidido por un general del Ejército) los estudiantes Jaime Echavarría, José Rodríguez, Jorge Villar, Pedro Cuello y Herberto Valencia, sindicados de asonada.
A finales de la década del 80 amanecía el Magdalena Medio entre la zozobra de una gran militarización. En los primeros dos meses de 1992 hubo un promedio de 10 asesinatos de activistas por semana en Barrancabermeja. Varios profesores y profesoras han investigado cómo en aquellos años una coalición contrainsurgente de la que formaban parte facciones de la Policía Nacional, el Ejército, el Ejecutivo y el paramilitarismo arreció en Barranca. La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) documentó cientos de asesinatos contra activistas sindicales, líderes comunitarios y activistas políticos de izquierda en la ciudad. En informes anuales, la corporación presentó denuncias formales de personas desaparecidas, muertes, detenciones y malos tratos a manos de fuerzas armadas. Blanca Cecilia Valero de Durán, secretaria de Credhos, fue asesinada al final de la tarde cuando salía de la oficina el 29 de enero de 1992. Entre 1989 y 1992, seis miembros del personal de Credhos fueron asesinados en el puerto petrolero. Y en 1993, cinco de sus líderes tuvieron que exiliarse.
A mediados de este mes de octubre fue asesinado el líder indígena Constantino Ramírez, cuando viajaba por tierra desde Calarcá al resguardo indígena Dachi Agore. De acuerdo con Luis Arias, dirigente indígena del pueblo kankuamo y consejero mayor de la Organización Nacional Indígena (ONIC), Ramírez “era el dirigente indígena más importante de Quindío. Fue el primer presidente del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) en ese departamento”. “Desde la minga indígena, en abril, han aumentado los asesinatos. Hay un plan para acabar con el movimiento debido a su gran capacidad de movilización”, explicó Arias. “Tuvimos la expectativa de que con el Acuerdo de Paz realmente la violencia iba a disminuir. Sin embargo, lo que hemos visto durante la administración de Duque es que han aumentado los asesinatos, la estigmatización y el señalamiento”. Según la ONIC, en 2019 han sido asesinados 117 líderes indígenas en Colombia.
José Camallo, guardia indígena de 39 años, explica cómo el bastón de mando es el “compañero” que lo seguirá guiando siempre “en el ejercicio de la defensa territorial”. Entretanto, muchos se preguntan hoy por qué, a diferencia de lo que sucede en otros países de la región, en Colombia “no hay protesta”.
A comienzos de la década del 60 el periódico “independiente, económico, empresarial y financiero” La República se quejó de la movilización de estudiantes de universidad pública y pidió al gobierno de turno regular de manera más estricta la protesta. “Ha llegado al límite la paciencia de las gentes para contemplar el espectáculo de la huelga porque sí. Las escenas que se han visto en los últimos días, como la suspensión del tránsito en las arterias centrales de una ciudad capital de un millón de habitantes, plantean indudablemente la capacidad legal de los alumnos de los planteles oficiales para hacer lo que se les venga en gana”, dice uno de los editoriales. En posteriores números en 1963 y 1965, durante protestas estudiantiles nacionales, La República exigió “acción más enérgica contra los revoltosos”.
Una vez posesionado Lleras Restrepo, se expidió un decreto diseñando un calendario académico de estricto cumplimiento (y restringiendo el derecho a la protesta). En octubre de 1966, miembros de la Federación Universitaria Nacional recibieron con rechiflas y piedras a una comitiva presidencial. Para entonces, el editorial de La República pidió castigos ejemplares para evitar la propagación de “las famosas Repúblicas Independientes en los prados universitarios”. Unos meses después fueron convocados a Consejo Verbal de Guerra (presidido por un general del Ejército) los estudiantes Jaime Echavarría, José Rodríguez, Jorge Villar, Pedro Cuello y Herberto Valencia, sindicados de asonada.
A finales de la década del 80 amanecía el Magdalena Medio entre la zozobra de una gran militarización. En los primeros dos meses de 1992 hubo un promedio de 10 asesinatos de activistas por semana en Barrancabermeja. Varios profesores y profesoras han investigado cómo en aquellos años una coalición contrainsurgente de la que formaban parte facciones de la Policía Nacional, el Ejército, el Ejecutivo y el paramilitarismo arreció en Barranca. La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) documentó cientos de asesinatos contra activistas sindicales, líderes comunitarios y activistas políticos de izquierda en la ciudad. En informes anuales, la corporación presentó denuncias formales de personas desaparecidas, muertes, detenciones y malos tratos a manos de fuerzas armadas. Blanca Cecilia Valero de Durán, secretaria de Credhos, fue asesinada al final de la tarde cuando salía de la oficina el 29 de enero de 1992. Entre 1989 y 1992, seis miembros del personal de Credhos fueron asesinados en el puerto petrolero. Y en 1993, cinco de sus líderes tuvieron que exiliarse.
A mediados de este mes de octubre fue asesinado el líder indígena Constantino Ramírez, cuando viajaba por tierra desde Calarcá al resguardo indígena Dachi Agore. De acuerdo con Luis Arias, dirigente indígena del pueblo kankuamo y consejero mayor de la Organización Nacional Indígena (ONIC), Ramírez “era el dirigente indígena más importante de Quindío. Fue el primer presidente del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) en ese departamento”. “Desde la minga indígena, en abril, han aumentado los asesinatos. Hay un plan para acabar con el movimiento debido a su gran capacidad de movilización”, explicó Arias. “Tuvimos la expectativa de que con el Acuerdo de Paz realmente la violencia iba a disminuir. Sin embargo, lo que hemos visto durante la administración de Duque es que han aumentado los asesinatos, la estigmatización y el señalamiento”. Según la ONIC, en 2019 han sido asesinados 117 líderes indígenas en Colombia.
José Camallo, guardia indígena de 39 años, explica cómo el bastón de mando es el “compañero” que lo seguirá guiando siempre “en el ejercicio de la defensa territorial”. Entretanto, muchos se preguntan hoy por qué, a diferencia de lo que sucede en otros países de la región, en Colombia “no hay protesta”.