Reforma a la justicia II

Esta semana, el presidente Petro le pidió al ministro de Justicia, Néstor Osuna, que conforme una comisión de expertos en diferentes ámbitos de la justicia que permita elaborar un proyecto de reforma. El presidente habló de nuestras décadas de tendencias punitivas, caracterizadas por proyectos de ley “que rápidamente eran votados con mayorías aplastantes, aplaudidos en la prensa, por la opinión pública”. Estos, “siempre consistían en elevar las penas, en quitar beneficios jurídicos, en quitar la posibilidad de la negociación”. La justicia en esta Colombia que sale y se empantana en ciclos de conflicto armado es una de venganzas. Una que, en palabras de Petro, “no nos ha traído más que una gran ineficacia. No nos ha traído más que la impunidad, que en diferentes formas de medición siempre es alta”.

Esta semana, el presidente Petro le pidió al ministro de Justicia, Néstor Osuna, que conforme una comisión de expertos en diferentes ámbitos de la justicia que permita elaborar un proyecto de reforma. El presidente habló de nuestras décadas de tendencias punitivas, caracterizadas por proyectos de ley “que rápidamente eran votados con mayorías aplastantes, aplaudidos en la prensa, por la opinión pública”. Estos, “siempre consistían en elevar las penas, en quitar beneficios jurídicos, en quitar la posibilidad de la negociación”. La justicia en esta Colombia que sale y se empantana en ciclos de conflicto armado es una de venganzas. Una que, en palabras de Petro, “no nos ha traído más que una gran ineficacia. No nos ha traído más que la impunidad, que en diferentes formas de medición siempre es alta”.

(Oprima aquí para leer Reforma a la justicia I).

¿Cuáles son hoy nuestras alternativas y realidades? Un proyecto político de largo plazo, que implica continuidad en los programas gubernamentales, exige inversión gubernamental en empleos, educación, vivienda y salud. Si hay un acuerdo básico y unos estándares mínimos en estos servicios públicos que permitan que la vida continúe y se reproduzca, podría asegurarse una vida productiva y libre de violencia común. Una justicia que no germine de la venganza requiere una red de servicios para la vida de los que muchísimos barrios y veredas carecen. Este proyecto puede sonar iluso e ingenuo. Pero lo más iluso, ingenuo (y algo cínico), es seguir confiando en las cárceles como presente y futuro de generaciones de personas.

Las cárceles en Colombia no solo han violado los derechos humanos y fracasado en materia de rehabilitación, sino que ni siquiera disuaden a quienes ya han pasado por ellas, ni aumentan la seguridad pública. En una investigación conducida en la cárcel Modelo de Bogotá y liderada por el profesor Libardo José Ariza, hombres “privados de la libertad” narran cómo (antes de ir presos) sufrieron un acoso permanente de la Policía. Casi todos se dedicaban al rebusque, “reciclando basura o montando pequeños negocios en el espacio público”. El acoso permanente de la Policía, con poderes absolutos en la regulación del llamado “espacio público”, termina casi siempre en esposas.

Una marcación cuerpo a cuerpo por cuenta de policías que sobornan e imposibilitan la vida en el rebusque desemboca en el delito como forma única de subsistencia. Esta cacería policial los persigue después de salir de la cárcel, lo que impide cualquier intento de reinventarse en ninguna parte. Por más que haya capacitaciones profesionales en la cárcel Modelo, la persecución (perfilamiento policial) y la falta de oportunidades al salir culminan siempre en una rutina, “de la casa al robo y del robo a la casa”.

Algunos hombres encarcelados contaron cómo (antes de ir presos) habían sido retenidos o conducidos a estaciones de policía o centros de encierro intermedio entre 5 y 15 veces. Muchos de los hombres entrevistados por Ariza y su grupo de investigación confesaron haber empezado a robar para satisfacer necesidades de comida, salud y supervivencia de sus familias. Algunos pocos contaron cómo “comenzaron a robar para suplir las necesidades de sus familias y, en la medida en que el hurto fue proveyendo fondos extras, comenzaron o aumentaron su consumo de drogas”. La mayoría de los entrevistados (que también son mayoría en las cárceles nacionales) están presos por el delito de hurto. Por lo demás, la tercera conducta de mayor presencia en la cárcel se relaciona con el tráfico de estupefacientes. La persecución policial y penal en Colombia castiga de manera desproporcionada el microtráfico de drogas.