En 2013 la Superintendencia de salud negó la habilitación de la EPS Salud Andina.
En ese entonces el superintendente, Gustavo Morales, dijo, entre otras cosas, que uno de los socios de la naciente EPS había sido mencionado por un paramilitar en versión libre. Poco después el abogado de Salud Andina, Abelardo de la Espriella, dio su versión de los hechos: “Sencillamente, las EPS que hoy funcionan y están en el mercado de la salud no están haciéndolo bien. Esta empresa que va a entrar saneada, con todos los requisitos de la ley, va a ocupar un amplio margen del sector y eso por supuesto les toca el bolsillo a muchos poderosos. La pregunta es: ¿a qué intereses está sirviendo el superintendente de Salud?”. Tras anunciar que interpondría una denuncia contra el superintendente por injuria, De la Espriella increpó al funcionario (“que aprenda a respetar”) recordándole que su labor tiene que ver con analizar a las empresas prestadores de salud y no a sus socios (“esa competencia no le cabe”).
Con el tiempo, los socios de la EPS (representados también por De la Espriella), dieron declaraciones similares. Gerardo Vecino, el accionista principal, quien fue mencionado en los testimonios de alias El Gordo y Don Antonio, afirmó que la EPS prestaría un buen servicio. Pedro Mulett, otro de los socios y actual gerente del Hospital Materno Infantil de Soledad, insistió en que la empresa y las acusaciones por relaciones con ‘paras’ son dos asuntos muy distintos: “Aquí hay que separar dos temas, un tema es una empresa EPS Andina (…) y el otro tema es un tema de Gerardo Vecino y Pedro Mulett (…) estos dos temas, si se separan, pueden seguir su camino, su transcurrir jurídico, como debe ser, pero hay que deslindarlos, no se pueden mezclar”.
Así, la tesis (que llamaremos) “De la Espriella Lawyers” puede resumirse en dos puntos. En primer lugar, los socios de Salud Andina fueron víctimas de un complot por cuenta de “los poderosos” que temían que la EPS se consolidara, pues ésta iba a ser tan buena que amenazaría a la competencia. En segundo lugar, las posibles relaciones de socios con la criminalidad organizada no deben ser competencia de la Superintendencia, que debe limitarse a verificar el cumplimiento de requisitos técnicos de las EPS. Al respecto, varias precisiones.
Por una parte, no hay conspiración, y contando entre sus socios con un empresario/ganadero, dos secretarios de Salud y un gerente de hospital, podría pensarse que los poderosos son ellos. El superintendente bloqueó la habilitación tras recibir una alerta de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, no sólo sobre los señalamientos de ‘paras’ a Vecino, sino sobre posibles conflictos de intereses, ya que tres miembros de la junta son actualmente servidores públicos.
Por otra parte, pese a las ensoñaciones de los socios y el abogado, es posible predecir que Salud Andina no sería la gran empresa que prometen. Vecino, quien retiene el 70% de las acciones, ha sido relacionado con la EPS Barrios Unidos de Quibdó, que en 2007 estuvo al borde de la liquidación. La revista digital Opinión y Salud afirma inclusive que Salud Andina no sería más que la legalización de la franquicia de Barrios Unidos de Quibdó en el Atlántico (que Vecino ya manejaba).
Por último, hay una grandísima relación entre las acusaciones contra los socios y el desempeño de la empresa. Y no sólo desde el evidente punto de vista ético. Como nos han enseñado los casos de Solsalud y Ganasalud, en los que políticos fundaron empresas de salud y entablaron en algún momento relaciones con el paramilitarismo, las “prestadoras de salud” se convierten en una caja “menor” y, con el tiempo, quiebran. Paradójicamente, hoy es el superintendente quien se enfrenta a investigaciones ante la justicia y los organismos de control, por cuenta del caso Salud Andina. Entre tanto, el proceso de aprendizaje criminal les ha dejado claro a las distintas estructuras (políticas e ilegales) que la salud es rentable.
