Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Esta semana vimos en la prensa fotografías de antropólogos y médicos forenses que buscan estructuras óseas, piezas dentales y elementos procedentes de cuerpos de personas dadas por desaparecidas. “No exploran una tumba común”, explicó la agencia AFP, “sino un antiguo horno de trapiche convertido en un infierno para incinerar personas en Colombia”. Las imágenes vienen desde las afueras del municipio de Villa del Rosario, en la frontera entre Colombia y Venezuela. En junio, se nos informa, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) encontró “múltiples restos humanos en ese lugar”. La búsqueda en esta frontera con Venezuela comenzó cuando Salvatore Mancuso aceptó desde Estados Unidos haber sido uno de los jefes paramilitares que dio la orden de desaparecer los cuerpos y restos de quienes fueron asesinados.
Pero lo cierto es que la existencia de los hornos era un rumor desde inicios de la década de 2000. Mancuso, alias “Triple Cero” o “Santander Lozada”, figura como el comandante del Bloque Catatumbo pero su principal responsable militar fue el excapitán del Ejército Armando Alberto Pérez Betancur, alias “Camilo”. Otros mandos importantes fueron alias “Cordillera”, “El Iguano”, “Mauro” y “El Gato”, entre otros. A comienzos de 2007 entrevisté activistas y periodistas de Norte de Santander, encabezados por periodistas del diario La Opinión y la Fundación Progresar. Casi todos me contaron sobre la creación de este bloque paramilitar que hizo presencia primero en los municipios de El Tarra, Hacarí, San Calixto, Teorama, Convención, El Carmen, Tibú, Sardinata, Puerto Santander, El Zulia, Cúcuta, Chinácota, Pamplona y Rangonvalia.
Me contaron también sobre cómo los homicidios aumentaron en la región desde 1999 hasta 2003, el año en que empezó la desmovilización paramilitar. Que en 2002 se cometieron 42 masacres en Cúcuta. Ese año, el Instituto de Medicina Legal de la ciudad expidió un comunicado oficial en el que anunció un colapso debido a la atención masiva de levantamientos de cadáveres.
En 2002 la colaboración del paramilitarismo con el ejército era igualmente un secreto a voces. Se sabía que eran nulas las disputas entre la fuerza pública y los paramilitares en el departamento. Y se sabía que cuando los asesinatos fueron muchos, hubo presión desde frentes estatales para que se redujera el conteo de homicidios (más no la intensidad de la violencia). De acuerdo con la versión dada por Mancuso en mayo de este año, los hornos crematorios de Villa del Rosario se construyeron por orden de la fuerza pública, pues “estaba haciendo mucho ruido el tema de los cuerpos de las víctimas del conflicto”.
En 2003 y todavía en 2007 todo esto hacía parte de un secreto público pues, en momentos de autoritarismo y zozobra, los habitantes del departamento estaban bajo amenaza tácita. Ya en aquel momento el líder (luego alcalde de Cúcuta) Ramiro Suárez Corzo gozaba del apoyo del Bloque Catatumbo y de gran éxito electoral con el partido Colombia Viva. Es 2023 y el secreto se imprime en las primeras páginas. El gobierno central acata las instrucciones de la justicia transicional. Ha cambiado radicalmente la situación del país, pero perdura la zozobra en esta y otras fronteras. Hace menos de un mes fueron noticias las amenazas recibidas por una nueva generación de periodistas y líderes del diario La Opinión y el activismo nortesantandereano. Suárez Corzo desde la cárcel sigue guardando y decidiendo sobre los secretos, públicos, de la región.
