En entrevista con María Jimena Duzán, la senadora Paloma Valencia se mostró vehemente y segura de sí misma. Se mostró también tranquila al enunciar seis mentiras, una tras de otra.
La primera, que el Centro Democrático no es de derecha, sino de centro.
La mejor prueba sobre su inclinación está quizá en la tendencia del partido a revisar la historia nacional y empequeñecer reivindicaciones importantes de los movimientos sociales. “Ese es otro de los mitos históricos de la narrativa comunista”, afirmó María Fernanda Cabal al referirse a la masacre de las bananeras. Cabal explica que el mito de los asesinatos es invención de Gabriel García Márquez. En la huelga, organizada por los trabajadores de la United Fruit Company en 1928, participaron 25.000 obreros. Reportes diplomáticos (desclasificados) de la embajada de Estados Unidos estiman que la masacre dejó entre 500 y 600 muertos. Archivos judiciales y de prensa de la época hablan de entre 500 y 1.500.
La segunda mentira es que “no existió” el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Según documentos de Verdad Abierta, al mentado bloque se le atribuyen decenas de asesinatos de civiles cometidos bajo la lógica de la “limpieza social”. En enero de 2001 en Yolombó asesinó a varios campesinos en distintas veredas, y en octubre del mismo año en Alejandría mató a 12 personas, entre ellas una mujer y tres hijos. Estas incursiones provocaron desplazamientos masivos. Entre 2000 y 2003, en San Roque, el Bloque Metro fue responsable de asesinatos y del despojo de tierras, con al menos 171 solicitudes de restitución registradas por la Unidad de Restitución de Tierras, que abarcan cerca de 2.926 hectáreas.
La tercera, que la oposición del Centro Democrático al Gobierno Petro ha sido respetuosa, supremamente “seria y no destructiva”.
Pocos minutos después de dar este dictamen, la senadora Valencia insinuó que el presidente es (fue) un guerrillero. “Petro fue un guerrillero fracasado, un buen senador, un alcalde mediocre y un pésimo presidente”, escribió también Valencia. Pese a los avances hacia una reforma pensional necesaria, Valencia acusó al Gobierno de atacar a la tercera edad: “dejó los abuelos sin subsidio…Petro, no hable paja, que tiene la boca de payaso”. Por su cuenta el candidato Abelardo dela Espriella acusó (sin pruebas) al presidente de crímenes de lesa humanidad por el asesinato de Miguel Uribe (y ha amenazado con “destripar el relato de los zurdos”).
La cuarta es que los desmovilizados de las FARC viven una gran vida con “curules” y dádivas.
Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, se acreditaron alrededor de 13.600 excombatientes de las FARC-EP, de los cuales la mayoría continúa en el proceso de reincorporación a la vida civil. Sin embargo, enfrentan graves dificultades por la presencia de grupos armados, la falta de apoyo estatal, la estigmatización social y el incumplimiento parcial de los compromisos del Acuerdo. La Comisión de la Verdad y la Defensoría del Pueblo afirman que al menos 231 excombatientes han sido asesinados, aunque se reconoce la posibilidad de subregistro en estas cifras.
La quinta, que Justicia y Paz fue más efectiva que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y esta última es injusta con soldados que se ven obligados a confesar crímenes que no cometieron.
Tras 20 años de Justicia y Paz, solo el 11 % de las víctimas de los paramilitares han sido reparadas. La JEP emitió hace poco sus primeras sentencias restaurativas contra ex comandantes de las FARC y ex militares implicados en casos de “falsos positivos”, además de acreditar más de 12.000 víctimas y 147 comparecientes que reconocieron responsabilidad. Recientemente, la JEP concluyó que los asesinatos extrajudiciales en Casanare fueron parte de una estructura criminal dentro del Ejército, que utilizó su propia institucionalidad para encubrir los crímenes y premiar las ejecuciones con ascensos y beneficios. En la rueda de prensa de la JEP, el magistrado Parra indicó que los implicados reconocieron su responsabilidad tras conocer las pruebas.
La sexta, que no ha existido en Colombia la violencia política (sino solo peleas entre narcos) y que hubo más víctimas liberales y conservadoras que de la Unión Patriótica.
La Sala de Reconocimiento de la JEP registra que, entre 1984 y 2016 hubo al menos 5.733 personas asesinadas o desaparecidas en el marco de la violencia dirigida contra la Unión Patriótica. El informe ¡Basta Ya! del Centro de Memoria Histórica documenta asesinatos selectivos por militancia política en este mismo periodo: 329 militantes del Partido Liberal y 151 del Partido Conservador.
