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En 2019, la Fiscalía General de Colombia acusó a diez altos ejecutivos de filiales de Chiquita Brands por el delito de concierto para delinquir agravado por la financiación, promoción y organización de grupos al margen de la ley. El juicio estuvo quieto por más de cinco años, hasta el pasado 23 de julio, cuando la jueza Diana Lucía Monsalve, del Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia, encontró culpables a Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser, Álvaro Acevedo González, José Luis Valverde Ramírez, Víctor Julio Buitrago Sandoval y Fuad Alberto Giacoman Hasbún. Es decir, condenó a siete de los 10 acusados a un poco más de 11 años de prisión, el pago de 9.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación temporal para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
El Colectivo José Alvear Restrepo (CAJAR), que ha acompañado el proceso del lado de las víctimas, clasificó esta victoria como agridulce “con riesgo de inminente prescripción, debido a la demora estructural que tuvo la administración de justicia para avanzar en la investigación y llamar a juicio a estas personas”. Sin embargo, se trata de una sentencia memorable, ya que, pese a que cabezas del proyecto paramilitar como Everth Veloza habían reiterado que “todas estas empresas en fincas bananeras apoyaron a grupos paramilitares”, es la primera vez que se mencionan responsables puntuales. Es decir, nombres de hombres comprometidos con la financiación de masacres y otros crímenes en la zona de influencia que comprende algunos municipios de Antioquia, Magdalena y Chocó (alrededor de 800 asesinatos y al menos 500 masacres en 2000). Ya en 2024, el Tribunal del Distrito Sur de la Florida en Estados Unidos había encontrado responsable a Chiquita Brands por las consecuencias de su millonaria financiación, “con hasta US$ 1,7 millones, a las Autodefensas Unidas de Colombia”. En aquella ocasión se le ordenó a la compañía indemnizar a un pequeño grupo de familias.
No obstante, con este nuevo fallo, queda claro que no se trató de un asunto de cuadrillas armadas de narcos que extorsionaron a empresas multinacionales desprevenidas. Queda clarísimo que fueron señores desarmados, señores ejecutivos, señores CEO los que facilitaron la barbarie. Señores abogados, como el samario Escobar-de-la-Hoz; ingenieros, como el paisa Acevedo-González; y exmilitares, como el bogotano Buitrago-Sandoval. U hombres de negocios de norte y centro América, como Keiser, Olivo, Giacoman-Hasbún y Valverde-Ramírez. La jueza Monsalve puso de relieve estas decisiones individuales (pagar a paramilitares que estaban sembrando matanzas en la región) e intentó (fue categórica al anunciar que no se concederá prisión domiciliaria ni suspensión de la pena a los condenados) sentar un precedente.
Durante los mismos días, otra jueza, Sandra Heredia, puso de relieve otras decisiones individuales. Su fallo estableció que el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez ordenó a terceros manipular a testigos encarcelados para que declararan a su favor tras ser acusado (en 2012) de tener nexos con grupos paramilitares por el senador Iván Cepeda. En aquel entonces, Uribe acusó a Cepeda por manipulación de testigos ante la Corte Suprema, pero después de años de investigación, en 2018 el alto tribunal rechazó la denuncia y, en cambio, abrió una investigación contra Uribe por el mismo delito.
Además de las decisiones personales, estos dos fallos (por Monsalve y Heredia) han puesto en evidencia las complicidades agazapadas de políticos, periodistas y profesores que dan legitimidad a las locomotoras uribistas y/o bananeras. Influencers norteamericanos como Marco Antonio Rubio y políticos locales como María Fernanda Cabal apoyan el proceder del expresidente. La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez y los pensadores Jorge Restrepo y Yohir Akerman se la han jugado por la defensa de los ejecutivos de Chiquita.
