Hace tres meses el Consejo Nacional de Estupefacientes, encargado de la destrucción de cultivos de coca, ordenó suspender el uso del glifosato.
Bajo la guía del gobierno estadounidense (y con el asentimiento de Samper y Pastrana), este Consejo autorizó en 1994 una política de erradicación de cultivos basada en la aspersión aérea con glifosato, ejecutada por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional. La movilización política para detener las aspersiones comenzó poco antes de que se empezara a fumigar.
Previamente a la llovizna, la gente se organizó políticamente para reclamar y decidir sobre sus cultivos y rutinas. Sobre el contenido de su cielo. Además de una pelea por la autonomía de siembra y la consulta previa, la lucha era contra la ansiedad de saberse sobrevolados, rociados con una sustancia que desde entonces tenía mala fama (ya en los noventa había preocupación sobre sus efectos en la salud).
Con el apoyo de universidades públicas, organizaciones locales, hippies de afuera y profesores comprometidos, las comunidades insistieron por dos décadas. Pero no fue sino hasta hace poco que los interlocutores apropiados decidieron que la aspersión era mala para la salud. Primero fue la facultad de economía de los Andes, la que presentó estudios relacionando el glifosato con la pérdida de embarazos deseados. Luego vino la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer, que calificó el químico como probable carcinogénico. Y por primera vez un ministro, Alejandro Gaviria, desenredó la madeja entre un padecimiento específico y una política de Estado. Entre un linfoma no-Hodgkin (un tejido de nódulos malignos en el sistema linfático) y una resolución oficial.
Sólo entonces el Consejo Nacional de Estupefacientes dispuso la suspensión del uso del herbicida. El presidente Santos dio plazo hasta octubre y el ministro de justicia, Yesid Reyes, sostuvo que el fin de la aspersión estaba sólo condicionado al cumplimiento de los trámites de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, para revocar el Plan de Desarrollo Ambiental que hasta este momento permitía la fumigación. Reyes sostuvo esperanzado: "el plazo de octubre que dio el Presidente es como máximo, lo que dice que puede ser antes".
No hizo (nunca) mella la rabia de la comunidad organizada que quería decidir (ser tomada en cuenta). Lo que hizo mella en cambio fue la fragilidad de sus vidas, la inminencia de la enfermedad. En ese contexto, muchos aprovecharon para intervenir en el debate. Algunos dijeron que “igual la gente usa glifosato en sus cultivos” (luego “de todas formas se van a enfermar”). Otros, como el Procurador, demeritaron el sufrimiento y la ansiedad de las poblaciones (que en su mayoría viven en las fronteras con Ecuador y Venezuela) con miras a hacerse a algún nicho electoral.
¿Cuándo tomará la Anla la decisión de suspender el uso del glifosato? ¿Hasta cuándo dilatará su director, Fernando Iregui, esta decisión? ¿Hasta cuándo el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, acatará la orden décimo quinta del Auto 073 de 2013 de la Corte Constitucional, donde se ordena aplicar el principio de precaución si existen daños graves e irreversibles a la salud o al ambiente? No hay que esperar a que estas comunidades queden en el medio del conflicto interno venezolano para cristalizar empatía con ellas. No hay que esperar para desnaturalizar la situación de crisis permanente; de cocaleros que van y vuelven, contrabandistas que traen, llevan, empiezan y fracasan; de poblaciones que son fumigadas con glifosato gringo, con imitaciones chinas; de personas que viven mal en la frontera.
Hace tres meses el Consejo Nacional de Estupefacientes, encargado de la destrucción de cultivos de coca, ordenó suspender el uso del glifosato.
Bajo la guía del gobierno estadounidense (y con el asentimiento de Samper y Pastrana), este Consejo autorizó en 1994 una política de erradicación de cultivos basada en la aspersión aérea con glifosato, ejecutada por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional. La movilización política para detener las aspersiones comenzó poco antes de que se empezara a fumigar.
Previamente a la llovizna, la gente se organizó políticamente para reclamar y decidir sobre sus cultivos y rutinas. Sobre el contenido de su cielo. Además de una pelea por la autonomía de siembra y la consulta previa, la lucha era contra la ansiedad de saberse sobrevolados, rociados con una sustancia que desde entonces tenía mala fama (ya en los noventa había preocupación sobre sus efectos en la salud).
Con el apoyo de universidades públicas, organizaciones locales, hippies de afuera y profesores comprometidos, las comunidades insistieron por dos décadas. Pero no fue sino hasta hace poco que los interlocutores apropiados decidieron que la aspersión era mala para la salud. Primero fue la facultad de economía de los Andes, la que presentó estudios relacionando el glifosato con la pérdida de embarazos deseados. Luego vino la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer, que calificó el químico como probable carcinogénico. Y por primera vez un ministro, Alejandro Gaviria, desenredó la madeja entre un padecimiento específico y una política de Estado. Entre un linfoma no-Hodgkin (un tejido de nódulos malignos en el sistema linfático) y una resolución oficial.
Sólo entonces el Consejo Nacional de Estupefacientes dispuso la suspensión del uso del herbicida. El presidente Santos dio plazo hasta octubre y el ministro de justicia, Yesid Reyes, sostuvo que el fin de la aspersión estaba sólo condicionado al cumplimiento de los trámites de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, para revocar el Plan de Desarrollo Ambiental que hasta este momento permitía la fumigación. Reyes sostuvo esperanzado: "el plazo de octubre que dio el Presidente es como máximo, lo que dice que puede ser antes".
No hizo (nunca) mella la rabia de la comunidad organizada que quería decidir (ser tomada en cuenta). Lo que hizo mella en cambio fue la fragilidad de sus vidas, la inminencia de la enfermedad. En ese contexto, muchos aprovecharon para intervenir en el debate. Algunos dijeron que “igual la gente usa glifosato en sus cultivos” (luego “de todas formas se van a enfermar”). Otros, como el Procurador, demeritaron el sufrimiento y la ansiedad de las poblaciones (que en su mayoría viven en las fronteras con Ecuador y Venezuela) con miras a hacerse a algún nicho electoral.
¿Cuándo tomará la Anla la decisión de suspender el uso del glifosato? ¿Hasta cuándo dilatará su director, Fernando Iregui, esta decisión? ¿Hasta cuándo el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, acatará la orden décimo quinta del Auto 073 de 2013 de la Corte Constitucional, donde se ordena aplicar el principio de precaución si existen daños graves e irreversibles a la salud o al ambiente? No hay que esperar a que estas comunidades queden en el medio del conflicto interno venezolano para cristalizar empatía con ellas. No hay que esperar para desnaturalizar la situación de crisis permanente; de cocaleros que van y vuelven, contrabandistas que traen, llevan, empiezan y fracasan; de poblaciones que son fumigadas con glifosato gringo, con imitaciones chinas; de personas que viven mal en la frontera.