Servicios públicos (II)

Entre 2013 y 2014, visité con frecuencia una oficina de reclamos contra deudas de electricidad y agua en Barranquilla. Diariamente se recibían alrededor de cinco procesos antes de la hora del almuerzo. Tanto la oficina como los procesos eran difíciles de clasificar: personas con sus recibos en mano buscaban la ayuda de hombres versados en la Ley 142 de Servicios Públicos (que alquilaban un localito en el centro), para objetar ante la Superintendencia estatal deudas con Electricaribe y Triple A (empresas privadas). Padres de familia, madres comunitarias o rectores de colegios buscaban con afán errores en sus procesos y facturas que...