Servicios públicos (II)

Entre 2013 y 2014, visité con frecuencia una oficina de reclamos contra deudas de electricidad y agua en Barranquilla. Diariamente se recibían alrededor de cinco procesos antes de la hora del almuerzo. Tanto la oficina como los procesos eran difíciles de clasificar: personas con sus recibos en mano buscaban la ayuda de hombres versados en la Ley 142 de Servicios Públicos (que alquilaban un localito en el centro), para objetar ante la Superintendencia estatal deudas con Electricaribe y Triple A (empresas privadas). Padres de familia, madres comunitarias o rectores de colegios buscaban con afán errores en sus procesos y facturas que les permitieran sanear las deudas y lograr la reconexión del servicio. Eran tantos, que contrastaban con narrativas populares en la prensa de ayer y hoy, que describen al usuario Caribe como uno que se roba la luz, no honra deudas y no tiene cultura de pago.

Quienes llegaban a la oficina se sentían mal y avergonzados. Muchos habían perdido el control sobre sus ingresos y tenían que vivir de préstamo en préstamo para pagar créditos y deudas. Algunos trabajaban solo para pagar intereses. Las facturas de la luz y el agua los obligaban a seguir en el mismo barrio y eran varios los que solo podían acceder a electrodomésticos de primera necesidad (como neveras) en la misma empresa a la que ya le debían (mediante esquemas de microcrédito). Por aquellos días, la Superintendencia impuso algunas multas en el ámbito nacional, pero no pudo controlar las alzas en precios ni el endeudamiento de los barrios de menores ingresos.

Es cierto que las empresas barranquilleras de entonces no eran ejemplo de manejo organizado y cumplimiento de la ley, y uno podría achacar los problemas de deuda a este desorden. Sin embargo, otras empresas de propiedad pública, como la EPM, que daban ejemplo de manejo sensato, se encontraron con problemas similares. Y es aquí donde discusiones entre lo técnico versus lo político, o lo privado versus lo público, pierden sentido y vigencia. El trabajo de las profesoras María Mercedes Maldonado y Kathryn Furlong nos explica el fenómeno mediante el cual los recibos se hicieron (y se hacen) impagables debido, principalmente, a las deudas que empresas y municipios adquirieron con entidades multilaterales.

Durante los peores años de la crisis de la deuda, a mediados de la década de 1980, el sector energético nacional poseía casi el 30 % de la deuda pública total del país. En Medellín (como en otras ciudades), la deuda acumulada, incluidos los intereses y costos por la devaluación del peso, se recaudó a través de tarifas. EPM obtuvo sus primeros grandes préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en los años 60. La aprobación del préstamo dependía de las medidas tomadas para aumentar los ingresos, incluido un cobro por conexión y un aumento de la tarifa del 30 %. Esto generó un aumento del 42 % en los ingresos de la empresa, pero un año después se necesitó otro préstamo para mantener los pagos del préstamo anterior y continuar con las obras planificadas. Esto, nos explica Furlong, no fue el resultado de una mala gestión, sino de la devaluación del peso (que en el 63 perdió más del 29 % de su valor frente al dólar). Nuevos préstamos del Banco Mundial para construir represas ayudaron a estabilizar la situación. Pero la devaluación solo continuó y ninguna cantidad de “eficiencia” en la gestión de la EPM le habría permitido controlar sus deudas acumuladas.

En respuesta (a lo largo de las últimas décadas), se aumentaron las tarifas casi mensualmente. Los bancos prestamistas intervinieron desde entonces, reorientando el manejo de las empresas de servicios públicos (públicas o privadas) para centrarse en el servicio de la deuda. A principios de la década de 2000 llegaron los primeros contadores prepago (especialmente de electricidad) que se le instalaron a las familias con deuda. Las tarjetas prepago que deben comprar para acceder a una cantidad de energía eléctrica; cobran por la derecha un 10 % extra para pagar la deuda pendiente. Entre 2007 y 2011 se desconectaron más de 870.000 viviendas de servicios de agua y electricidad en Medellín. El 95 % de las desconexiones fueron sufridas por hogares de los barrios de ingresos más bajos.

Cuando conocedores de lo técnico nos hablan de fórmulas tarifarias complejas e imposibles de entender, que tienen en cuenta cambios climáticos, nivel de las represas y otros misterios, dejan siempre por fuera el lastre de la deuda. Este no es del todo técnico ni depende enteramente del Gobierno de turno, ni es un problema exclusivo de Colombia.