Sin llorar

“Yo llevo 18 meses en la Presidencia, pero a algunos les gusta juzgarme como si llevara 18 años”, exclamó el mandatario Iván Duque durante una inauguración en Ibagué, hace casi un año. “Y a mí no me importa porque yo no vine a la Presidencia a llorar, sino a trabajar”, concluyó.

Como están las cosas en este domingo de 2021, quizá haría bien en llorar el presidente. Pues van menos de tres años desde la posesión y tantas de sus políticas han dejado un legado que irá mucho más allá del Gobierno y se volverán parte importante de nuestras visiones sobre el Estado y sobre la violencia estatal. Tal vez más que una presidencia sin ton ni son, lo que se recordará de este período es que, a través de una serie de instituciones, redes y prácticas, se sacudieron con sectarismo de antaño los cimientos de un difícil Acuerdo de Paz.

Se recordará cómo el llamado “duquismo” puso los frenos a promesas de desarrollo rural e insistió con terquedad en políticas agresivas, anacrónicas e inútiles que, en lugar de ponerle coto a la proliferación de bandas y cuadrillas de narcos, marcaron un punto de giro con respecto al optimismo de los años recientes. Buenaventura se desplaza de una casa a otra para escapar a los fuegos cruzados. Los Montes de María amanecen también entre amenazas.

“Con Iván Duque no hacemos política con la paz, tenemos una clara política de paz”, afirmó uno de los asesores presidenciales en días pasados. “La política de paz de este Gobierno se basa en la legalidad; la del gobierno anterior, en impunidad”, explicó otro de los asesores presidenciales. Por su cuenta, Paloma Valencia asustó al público denunciando los planes de Cuba para “desestabilizar a Colombia” y escoger presidente en 2022. La prioridad, en todo caso, es dejar claro que otro gobierno del uribismo podría evitar el comunismo y que si se pudiera fumigar desde el cielo con glifosato, se resolverían todos los problemas nacionales.

En 2020, de acuerdo con la base de datos de la Fundación Ideas para la Paz, las masacres y los homicidios de líderes sociales se incrementaron. Según cifras de la ONG Indepaz, en 2020 fueron asesinados en el país 310 líderes sociales y defensores de derechos humanos, mientras que en los 38 días de 2021 han sido asesinados 21 líderes. En este contexto el consejero presidencial Emilio Archila pone zancadillas a las órdenes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) frente a la protección de excombatientes. Estas medidas buscan frenar el homicidio de firmantes del Acuerdo de Paz, pues desde 2016 más de 250 exguerrilleros desmovilizados han sido asesinados.

A propósito de las cifras, fue creada esta semana una “mesa intersectorial” con el fin de unificar metodologías de investigación e información relacionadas con el asesinato de líderes sociales, integrada por la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Defensa y la Consejería para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República. Así las cosas, se recordará cómo se homogenizó lo que venía siendo un trabajo con matices, en el que la Defensoría del Pueblo mantenía su independencia. Cifras únicas se sumarían así a la homogeneidad entre los órganos de investigación y control que hoy sofocan en unanimidad las investigaciones inconvenientes para el Centro Democrático.

Y se recordará también cómo una mañana de sábado, en medio de la desolación de la pandemia de COVID-19, un helicóptero de la aviación del Ejército Nacional inició el traslado de la estatua de Sebastián de Belalcázar que se encontraba en El Morro en Popayán, para ser restaurada luego de que fuese derribada por un grupo de indígenas misaks que buscaban proteger un antiguo cementerio indígena. “Nuestro deber es cuidar Popayán. Dentro de ello se involucra restaurar la estatua de Sebastián de Belalcázar”, afirmaron las autoridades.