La Contraloría General profirió un fallo de responsabilidad fiscal en contra de Electricaribe. Esto, pues la empresa usó de manera indebida los recursos del Fondo de Energía Social (FOES) creados para subsidiar las facturas eléctricas de los usuarios de los estratos 1 y 2 en las llamadas “zonas especiales del Caribe”.
La historia de las zonas especiales puede rastrearse hasta fines de los 90, cuando en Barranquilla fue liquidada Electranta, la entidad pública que prestaba pésimos servicios y se encontraba en la quiebra. Se creó entonces la nueva empresa Electricaribe: un consorcio privado compró el 65 % de sus acciones y el municipio se quedó con el 35 % restante. Ante su pobre desempeño, el consorcio vendió por poco precio sus acciones a la multinacional española Gas Natural Fenosa en el año 2000. Fenosa compró las demás acciones y se convirtió en el operador privado de la empresa y su principal accionista.
Había nuevo operador, pero la extensión de nuevas redes eléctricas seguía siendo responsabilidad del gobierno. Sin embargo, hubo pocas inversiones estatales durante este período. En las décadas de 1970 y 1980 se produjo un intenso proceso de construcción de centrales hidroeléctricas y el resultado de esta política fue el crecimiento sostenido de la deuda externa. Si bien la generación de electricidad mejoró, la enorme deuda del sector eléctrico se prolongó durante toda la década de 1990. Lo que impidió que el Estado invirtiera en mejorar las redes de transmisión y distribución, especialmente en las ciudades del Caribe.
En el período entre 2000 y 2010, por ejemplo, el gobierno central hizo promesas de extender las redes al sector suroeste de Barranquilla. Sin embargo, las inversiones que se realizaron solo cubrieron la extensión de la infraestructura eléctrica al 57 % del sector. Los barrios que no contaban con redes construyeron sus propias conexiones improvisadas. En 2000, la ciudad recibió a 16.612 personas desplazadas por grupos armados, el mayor número de su historia (muchas se instalaron en el suroeste). La ola de desplazamiento forzado coincidió con la llegada de la multinacional Gas Natural Fenosa. Fue entonces cuando se emitió una resolución para regular el consumo informal de energía en el sector, luego de negociaciones entre los nuevos propietarios españoles y el gobierno de Andrés Pastrana.
La resolución 120 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas definió a los barrios sin conexiones como “subnormales” y autorizó a las empresas de servicios públicos a calcular el consumo aproximado de los hogares de estos barrios y cobrarles. En 2003, el Congreso aprobó la Ley 812, propuesta por el presidente Álvaro Uribe, que creó un subsidio llamado FOES. Destinado a cubrir parte del costo de la energía consumida en vecindarios subnormales, el FOES financiaría un porcentaje de la factura de luz de cada hogar. Meses después de la promulgación de la ley, Gas Natural Fenosa creó la empresa Energía Social, para vender electricidad en los barrios subnormales y dejar a los usuarios que podían pagar en una categoría distinta. La Ley simplemente legitimó la forma en que Electricaribe ya administraba la electricidad en estos barrios. La única novedad que introdujo la ley fue que los nuevos subsidios del FOES serían transferidos directamente a Energía Social. Esto remaba en dirección de la confianza inversionista. Cualquier cosa para retener y hacer felices a los inversionistas en medio de un país en guerra.
Con el tiempo Electricaribe (o Fenosa) decidió dejar de aplicar los descuentos a los usuarios a través de sus facturas y desviarlos directamente hacia las ganancias de la empresa, con el propósito de “reducir sus pérdidas”. Según explica el diario El Heraldo: “A un usuario se le aplicaba un descuento por subsidio del FOES de solo $19,78, cuando tenía derecho a recibir $1.978… No obstante, los $1.958 de diferencia Electricaribe los restaba en la factura al ítem de “aporte a la empresa”.
