Durante su audiencia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez habló de sus vínculos con militares, policías, políticos y empresarios. En resumidas cuentas, explicó cómo los paramilitares tuvieron momentos de gran control político nacional. “Las autodefensas intervinieron en las elecciones al Congreso y la elección de presidencia”, declaró. “También hubo apoyo en elecciones al señor Horacio Serpa, al mismo Pastrana y a Uribe”.
Como lo había hecho en otras ocasiones, Mancuso Gómez acusó a políticos con nombre propio y abrió varias heridas de la memoria nacional, como la de la tortura y el asesinato, en 2003, de Eudaldo Tito Díaz, entonces alcalde de El Roble, Sucre. Como tal vez todos recordamos, Díaz había pedido protección a Álvaro Uribe, quien estaba en su primer mandato presidencial.
Y entre tantos nombres de hombres e imputaciones viejas y nuevas (algunas más documentadas que otras) vale la pena reflexionar sobre el vocabulario que usamos para dar sentido a declaraciones como estas. Tenemos algunas palabras para entender los relatos que enumeran las distintas relaciones entre el paramilitarismo, las distintas entidades del Estado y algunas empresas multinacionales y nacionales que financiaron, orquestaron y perpetraron masacres, tomas de municipios y desplazamientos. Tenemos otras para nombrar a quienes perdieron tanto: a las poblaciones víctimas de violencias, desplazamientos, despojos y desamparos.
En los testimonios de Mancuso Gómez, y otros exparamilitares, hay sin embargo narraciones que se repiten y se repiten, sin que podamos encasillarlas. Son las que cuentan la historia de políticos, empresarios y agentes del Estado que estuvieron menos involucrados que los perpetradores, es decir, no participaron activamente como (para)militares, autores intelectuales o financiadores. No obstante, tampoco fueron espectadores pasivos. El profesor Michael Rothberg, en otro contexto, los llama “sujetos implicados”. Es decir, personajes cuyas inercias, inacciones y acciones (indirectas o tardías) “ayudan a producir y reproducir las posiciones de víctimas y victimarios”.
Rothberg critica el pobre vocabulario con el que intentamos entender “el poder, el privilegio, la violencia y la injusticia”. Nos dice que carecemos de palabras para nombrar “las formas estructurales y colectivas de agencias que permiten el daño, la explotación y la dominación, pero que con frecuencia permanecen en las sombras”. Sujetos implicados son, por ejemplo, los periodistas que recibieron el liderazgo de Carlos Castaño con piropos y atisbos de esperanza. Se recuerdan siempre las palabras generosas de Claudia Gurisatti en entrevista televisada que presentó al jefe paramilitar como una víctima con una misión genuina. Está también el periodista y vicepresidente Francisco Santos. Aunque Mancuso Gómez habla de su supuesta participación directa en el conflicto, lo que sabemos hasta hoy es que fue sobre todo un sujeto implicado.
Como Gurisatti, en 1997 Santos describió a Castaño como un “estratega militar y político que les ha dado a las autodefensas o paramilitarismo (...) un cariz completamente distinto”. Habló entonces de las AUC como “un movimiento político-militar con arraigo en distintas clases sociales, incluso en las populares”. Dice Rothberg que los sujetos implicados “ocupan posiciones alineadas con el poder y el privilegio… contribuyen, habitan, heredan o se benefician de regímenes de dominación, pero no originan ni controlan tales regímenes”. Como sujeto implicado en la violencia paramilitar, Francisco Santos no es ni víctima ni victimario, sino que es, quizá, “partícipe de historias y formaciones sociales que generan las posiciones de víctima y victimario”.
Es importante tener una conversación sobre tantos sujetos implicados entre nosotros. Formadores de opinión, políticos que guardaron silencio y empresarios que se beneficiaron sin hacer nada ante la barbarie. Es fundamental tener esta conversación porque, aunque no son ni fueron perpetradores de la arremetida paramilitar, estos sujetos implicados de cierta medida la permitieron y, en palabras de Rothberg, “ayudan a propagar los legados de la violencia histórica y apuntalan las estructuras de desigualdad”.
