Las ciudades en Colombia están siendo planeadas con miras a la adaptación climática. Algunas se están expandiendo todavía, viven entre crecientes desigualdades y experimentan los efectos sin precedentes del cambio climático. Medidas de adaptación y gestión de riesgo, como la intervención de cuencas, la construcción de techos verdes, parques urbanos y protección de áreas naturales, preservan en gran medida las estructuras sociales de siempre y ahondan vulnerabilidades y desigualdades. Muchas de estas medidas benefician a actores poderosos y refuerzan los despojos cotidianos.
En ocasiones, las políticas para la adaptación climática pueden tener impactos no deseados que exacerban las diferencias entre barrios y comunidades. En ciudades como Medellín, Cartagena y Buenaventura los proyectos de la mentada adaptación se trenzan con historias de despojo, racismo o desplazamiento. La adaptación es un problema fundamentalmente político: ¿cuál naturaleza para quiénes? ¿Parques y techos verdes subirán el precio de arriendos y predios? ¿La protección de áreas significará la reubicación de poblaciones a la fuerza?
Pese a esto, los principales debates al respecto tienden a restringir el debate político y se dejan a entidades supuestamente técnicas. Muchas veces los programas de renovación urbana vigentes desde los 90 tan solo cambian de nombre bajo el sombrero de la adaptación, sin tener en cuenta las implicaciones puntuales del cambio climático ni la forma en que puede exacerbar las tensiones de ciudades en que poquitos pueden vivir bien.
La adaptación climática posiblemente podría convertirse en una forma de urbanismo distinto y alternativo para disminuir las desigualdades existentes. Proyectos que además de “adaptar” reparen injusticias pasadas podrían ser una salida a varias crisis. No son muchas, sin embargo, las propuestas presidenciales al respecto. Escasean los programas de gobierno que asuman el aumento del nivel del mar a partir del profundo reconocimiento de historias sociales y culturales específicas.
De acuerdo con autoridades nacionales, el Distrito de Buenaventura se encuentra “expuesto al aumento del nivel del mar, y como consecuencia a posibles inundaciones, intrusión marina e incremento de tasas erosivas, entre otros riesgos”. Estos pronósticos complicados han sido oídos y se han hecho proyectos puntuales para contrarrestarlas. En un informe sobre riesgos climáticos en puertos comerciales se mencionan algunos de estos proyectos, como la ampliación del puerto, con el fin de adaptarse a peores condiciones climáticas y el dragado recurrente para contrarrestar la sedimentación del canal de navegación (causada por el aumento en las lluvias). Entre las medidas de adaptación en Buenaventura se destaca “la reubicación de las poblaciones costeras para protegerlas de las inundaciones”.
La preocupación por los impactos de la acción climática, la creación de un “puerto resiliente” ocurre a expensas de las poblaciones desfavorecidas debido a dinámicas arraigadas de acumulación de capital y de tierras valiosas. Al justificar el desplazamiento de poblaciones pescadoras que por décadas habían construido barrios en terrenos ganados al mar, en juego con las mareas, se ahondaron brechas insalvables en nombre de la expansión portuaria y la gestión del riesgo. Son estos proyectos los que están en el corazón de la situación actual de la ciudad. Estos desplazamientos en nombre del clima se dieron además en un contexto armado en que con grupos paramilitares forzaron el desplazamiento de comunidades locales y ofrecieron apoyo a inversionistas privados y empresas multinacionales.
De acuerdo con Memoria Histórica, Temístocles Machado Rentería fue uno de los líderes que recibió más amenazas en el Valle del Cauca. Por muchos años luchó en procesos de reclamación de tierras en las comunas 5 y 6 de Buenaventura. Se resistió a la ampliación portuaria en el barrio Isla de la Paz, donde residía, y denunció la presión de los grupos armados por controlar y “vaciar” este territorio. Machado Rentería fue asesinado hace cuatro años, el 27 de enero de 2018.