Desde temprano en su historia el Estado colombiano impuso el idioma español y el catolicismo sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Ambos males llegaron de la mano de proyectos económicos con el fin de que las comunidades de las islas se acomodaran a la nación soñada desde Bogotá. Este proceso incluyó la creación del Puerto Libre por Gustavo Rojas Pinilla (mediante el Decreto 2966 de 1953) y la Ley 127 de 1959, que ofreció una exención del impuesto sobre la renta durante diez años a quienes invirtieran en hoteles, restaurantes, construcciones residenciales o actividades industriales. Ambas normas introdujeron un nuevo modelo económico que aceleró la pérdida del control de las comunidades locales sobre su territorio.
A partir de entonces sólo se ha profundizado este despojo mediante la promoción estatal del turismo. Desde el continente vienen empresarios y empresarias que progresan y se ahonda el desplazamiento de raizales.
El trabajo de Ana Isabel Márquez y Wilhelm Londoño narra cómo las cosas han empeorado en la última década. A través de testimonios e historias de vida nos cuentan cómo, hasta la década de 2010, muchos de los habitantes del archipiélago tenían una autonomía anclada en la pesca y la captura de mariscos, destinados al consumo familiar y la venta en restaurantes turísticos. Los hombres, dice Londoño, pasaban “hasta dieciséis” (de las veinticuatro) horas del día en el mar, agarrando langostas y caracoles.
Tanto Márquez como Londoño afirman que, con el fin de conservar las poblaciones de crustáceos y peces, la comunidad raizal criticaba el uso de tanques de oxígeno y las redes de gran tamaño y privilegiaba la inmersión de cada pescador (“cada quien saca lo que puede sacar”). Esto cambió tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la disputa marítima entre Colombia y Nicaragua de 2012, pues la mayor parte de las zonas de pesca tradicional de los raizales se ubican más allá del arrecife de coral que protege las islas, en mares que quedaron bajo jurisdicción de Nicaragua.
Desde entonces la isla mayor, San Andrés, es hogar de grandes empresarios provenientes del continente, que emplean a los raizales como mano de obra barata en hoteles, restaurantes, supermercados, licoreras y tiendas de souvenirs. Quienes siguen tercamente pescando han tenido que adaptarse y el cambio climático ha transformado las aguas. En Providencia las variaciones en las lluvias y el aumento de la intensidad de los vientos y oleajes han hecho que la pesca tradicional resulte más peligrosa, lo que ha impulsado a los pescadores a adoptar lanchas motorizadas como principal medio de trabajo.
Y las cosas han empeorado significativamente en los últimos tres meses en que Donald Trump desplegó una flota conformada por portaaviones, destructores equipados con misiles guiados, aviones de combate, drones, helicópteros, un submarino de propulsión nuclear y un grupo de asalto con fuerzas especiales. De acuerdo con este diario “suman más de una quincena de ataques letales y más de 60 muertos” desde que Trump desplegó fuerzas en el Caribe y Pacífico oriental.
El mar, que siempre fue casi todo para las comunidades del archipiélago, está sitiado.
“Nosotros hemos visto disminuida la pesca en los Cayos del Norte y en aguas profundas en más del 60 %. Ahora mismo nadie está yendo allá. No lo haremos, nadie quiere aventurarse a realizar ese tránsito hacia Serrana, Roncador o hasta los bancos profundos por ese riesgo. Hasta que el Gobierno y la Organización de Naciones Unidas no nos ofrezcan garantías, no saldremos a pescar”, dijo al medio “Archipielago Press” Edgar Jay, presidente de la Federación de Pescadores de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Cabe recordar que gran parte de candidatos del ramillete electoral, del centro a la derecha, han guardado silencio frente a esta andanada de Estados Unidos.
