Desde principios del año y hasta marzo miles de hogares sufrieron la difícil temporada invernal bajo la influencia del fenómeno de La Niña. Después, con el mes de abril, vino una nueva temporada de lluvias que desbordó ríos y echó a perder cultivos. Hoy en día la situación no es distinta. La Unidad de Gestión del Riesgo informó esta semana que, producto de las lluvias de julio, se han registrado 101 eventos de emergencia en 77 municipios de 21 de los 32 departamentos del país y que los más afectados son Norte de Santander, Antioquia, Arauca, Caquetá, Putumayo, Meta, Cundinamarca y Santander.
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Además de fenómenos climáticos cíclicos como La Niña, se habla sobre las consecuencias del cambio climático en el país. De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la temperatura media de Colombia ha venido aumentando y continuará subiendo cada vez un poco más rápido: entre 2011 y 2040 la temperatura promedio aumentará 1,4 °C. Entre 2041 y 2070, 2,4 °C. Entre 2071 y 2100, otros 3,2 °C. El Ideam estima, asimismo, que los volúmenes de lluvia serán menores en algunas áreas del país, que tendrán problemas de sequías, y mayores en municipios del Pacífico, donde las lluvias aumentarán más del 20 %.
“Queremos trabajar de forma decidida y enviar un mensaje contundente a la comunidad internacional sobre el compromiso de Colombia en la gestión efectiva del cambio climático”, dijo esta semana el ministro de Ambiente, Carlos Correa, quien informó también que en los próximos días se presentará la llamada Ley del Clima. Esta apalancará un “conjunto de acciones mínimas y esquemas de articulación” con el fin de que Colombia pueda reducir en un 51 % las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030 y alcanzar la carbono-neutralidad en 2050. Aunque parecen grandes innovaciones, no es esta la primera vez que anuncian medidas y metas similares.
Desde 2002, las políticas públicas en Colombia han incluido “la gestión efectiva del cambio climático”. El gobierno largo de Álvaro Uribe construyó un marco legislativo a través del cual el país se convirtió en un destino atractivo para la inversión extranjera asociada a la reforestación como negocio. En 2002 se creó la Oficina Colombiana para la Mitigación del Cambio Climático y empezaron a crearse bosques con el fin de disminuir las emisiones que causan el efecto invernadero. Los profesores Diana Ojeda y Alejandro Camargo nos han explicado cómo estas plantaciones de árboles se multiplicaron y dejaron un legado complicado para muchas poblaciones. Ojeda y Camargo brindan el ejemplo de la siembra de 3.000 hectáreas de teca por la cementera Argos S. A. en tierras ubicadas en el municipio de Ovejas, en Montes de María, región donde pocos años atrás la violencia paramilitar había dejado más de 200.000 campesinos desplazados. Este bosque de teca aplaudido por medios, apoyado por el Estado y celebrado como parte de las estrategias verdes terminó reforzando el despojo de aguas y tierras en la zona.
Algo similar ha sido reportado en el caso de la expansión de la palma de aceite, también vendida como una salida a la crisis climática en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y no se trata solo de nuevos cultivos. En ocasiones las estrategias de adaptación al cambio climático han implicado también el desplazamiento de comunidades enteras, cuyas tierras o barrios son clasificados por agencias estatales como zonas de riesgo. En ciudades como Buenaventura estos desplazamientos de familias de pescadores beneficiaron a privados e inversionistas en la expansión del puerto.
En un Estado que ha hecho carrera en el despojo de tierras y aguas a comunidades, en beneficio de grupos económicos, no serán las políticas climáticas, por bonitas que suenen, la diferencia.
