Válvula de escape

El compositor Álvaro Velásquez describió el mundo de la cárcel como uno en que “siempre hay cuatro esquinas”. En la canción que volvió famosa Wilson Manyoma se explica también que “entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo”.

La frase tiene mucho de verdad, pues no solo la prisión, sino todo lo que tiene que ver con ella tiene algo de cíclico (siempre habrá lo mismo). Cada tanto, las promesas de reforma profunda y cambios en las directivas suenan entre vacías de sentido y repetidas hasta el cansancio. No es la excepción la reciente declaración del ministro de Justicia, Wilson Ruiz, sobre el trabajo que su cartera viene adelantando en “varias medidas para reformar el sistema penitenciario del país”. Las mentadas medidas fueron solicitadas por el propio presidente de la República, Iván Duque, “a raíz de la fuga de alias Matamba de la cárcel La Picota, en Bogotá”.

Hasta el más desentendido sabe que, a pocos meses de un cambio de gobierno, no va a pasar nada. Pero esto no hace mella en las inercias que caracterizan al Gobierno, ni en las promesas más cínicas que se registran a diario. Así, explicó Ruiz, “el Ministerio trabaja de la mano del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en el desarrollo de un documento que ofrezca mayor transparencia en la gestión, garantías de seguridad de las personas privadas de la libertad y eficiencia en los procesos de resocialización”.

Pero no es del todo cierto que las cosas en el régimen carcelario nunca han cambiado. Por el contrario, durante los últimos años la llamada crisis del sistema se ha empeorado por decisiones deliberadas en diferentes niveles del Estado. “La política criminal del Estado colombiano”, dijo en días pasados el supuesto defensor del Pueblo, Carlos Camargo, “se ha caracterizado por la creación de nuevos delitos dentro del Código Penal y en un incremento generalizado de las sanciones existentes, lo que ha generado inevitablemente un colapso de las cárceles y penitenciarias, sin que se pueda advertir una verdadera disminución en los índices de criminalidad”. Según la Defensoría, los índices de hacinamiento en las cárceles son del 20,6 %. Pese a que aumentan periódicamente los cupos, para que quepan más hombres y mujeres en instituciones deterioradas, crecen más rápido los números de personas que llegan a pagar condenas.

Por eso es que a cada rato son celebrados los anuncios de reforma. Y en ocasiones se han hecho intentos con inversiones y reemplazos en el Inpec. Pero cada reforma fortalece un sistema que destruye y hacina a personas. La cárcel se usa como válvula de escape para un país con gravísimos problemas. O como una cura milagrosa para tres fenómenos difíciles y jodidos que habría que atacar de raíz. El primero, quizás, el de la guerra contra las drogas, que implica con su sola existencia el envío de hombres jóvenes a pagar condenas de manera continua hasta su muerte. El segundo tiene que ver con el fin del empleo formal en nuestro país. Con una mayor parte de la población urbana en la llamada informalidad, son tantas las incertidumbres económicas y tantas las oportunidades de trabajo que provee el sector criminal (a su vez entrelazado con las fuerzas del Estado). El tercero está relacionado con fenómenos de clasismo, desigualdad y desconfianza. Si hay una parte de la población que tiene miedo de la otra parte, esta reaccionará con alegría ante promesas de mayores penas, encarcelamientos y xenofobias.

Es esta desconfianza la que se ha respirado en tantos gobiernos de mano dura y la que se respiró esta semana en Bucaramanga. La ciudad tiene hoy un 1.210 % de hacinamiento en las estaciones de Policía, donde la capacidad es para 42 detenidos, pero hoy albergan cerca de 600 personas sindicadas y condenadas. Por lo que el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, propuso que los presos paguen su estadía con trabajos forzados. Pese a las imágenes de hombres retenidos en total hacinamiento e indignidad, opinó que “hoy en día las cárceles son un hotel donde se alimenta a delincuentes”.