En la última década, tanto la academia como el mundo de la cooperación internacional y la prensa prestan especial atención a la infraestructura. Esta conecta y desconecta a las personas, refleja y delinea desigualdades socioeconómicas. Carreteras, tubos, válvulas, transformadores de electricidad, redes de suministro de gas, alcantarillados, fibras ópticas, malecones, represas y puertos: la infraestructura es un ensamblaje social y material que construye relaciones entre las personas y las cosas. Al extraer, contener, canalizar, procesar, filtrar y distribuir diferentes tipos de agua, por ejemplo, la infraestructura hídrica produce significados y diferencias entre comunidades.
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A través de grandes infraestructuras de vivienda de interés social o distritos de riego, gobiernos como el de Rojas Pinilla y Lleras Restrepo contribuyeron a la construcción del Estado y el arraigo de ideas de nación. Así mismo, proyectos de desarrollo (con préstamos del Banco Mundial o el FMI) que amplían el suministro de agua potable no son simplemente una suma de inversiones para proporcionar agua a personas desconectadas del servicio, sino también medios para restar o reproducir desigualdades. En San Andrés, infraestructuras para la desalinización de aguas salobres fueron promesa para paliar la escasez de agua potable en la ciudad, pero llegaron a reforzar las grandes cantidades que se destinan desde siempre a los turistas. Las reformas a las empresas de agua en ciudades como Barranquilla y Cartagena se materializaron a inicios de los años 90, a través de la confluencia de intereses de las élites locales de siempre, algunos funcionarios en Bogotá, empresarios y constructores.
Otro ángulo vemos si concentramos la mirada en la vida cotidiana de los barrios populares (que son la mayoría en la Colombia urbana). Allí, en lugar de grandes infraestructuras o leyes, vemos arreglos infraestructurales en lo que concierne a los accesos al agua y la luz. Día a día se cimienta la creación de redes clientelistas, a través de las cuales las comunidades se encuentran con el Estado y negocian el acceso a la infraestructura. En barrios hechos a mano y en el rebusque, los residentes y las agencias estatales llegan (por momentos) a acuerdos para mejorar los servicios de agua y luz, pese a que pocas veces hay seguridad de tenencia de los predios. Las desigualdades históricas, así como la renuencia del Estado a extender agua y electricidad de calidad a gran parte de la población pobre del Caribe urbano, han abierto la puerta a diversas negociaciones entre comunidades y muchos actores estatales y no estatales.
Pese a que en Colombia hablamos de infraestructura, nuestros diálogos parecen estar enfrascados en una serie de conversaciones sobre construcción de vías (que no se terminan, no sirven y son fruto de gran corrupción), vivienda de interés social y uno que otro proyecto de turismo. Así, la discusión se enfrasca en lugares como Bogotá y su sistema de transporte, la Ruta del Sol, la Vía al Llano, el Malecón de Barranquilla, programas como Mi Casa Ya, entes financiadores como el Banco Mundial y apellidos como Odebrecht, Peñalosa, Vargas Lleras y Char.
Con la visita del presidente Petro a China se abren, quizá, nuevos caminos para la discusión. Desde mediados de la década de 1990, China ha cimentado su crecimiento económico en la construcción frenética de infraestructura. The Economist afirma que el país vertió más cemento en solo dos años (2011-2013) que Estados Unidos durante todo el siglo XX. China tiene más de 7.000 km de vías de metro, 41.000 km de autopistas y la red ferroviaria de alta velocidad más grande del mundo. Su modelo de desarrollo de infraestructura no nos llevará a ninguna panacea, pues su proceder en países africanos y asiáticos ha reforzado estructuras neoliberales y de la deuda. Aun así, pensar seriamente en infraestructura requiere un compromiso con China. El Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, que se lanzó en 2014 con 21 Estados miembros, tiene ahora más de 100. Muchos países lo prefieren, pues permite a los gobiernos trazar su propio rumbo y pone menos amarres y condiciones que el Banco Mundial y el FMI.
