A comienzos de 2000 comenzó a hablarse de reformas urbanas que protegieran el medio ambiente. Se introdujo la ecocity, un modelo de ciudad que prometía sumar viabilidad económica, sostenibilidad ambiental y (a la vez) promover la equidad social. China abrazó este modelo con urgencia pues, para entonces, la mala calidad del aire amenazaba la salud pública y representaba un desafío político para el régimen. Para 2006 el gasto en protección ambiental se incorporó formalmente al presupuesto del Estado y empezaron a planearse “eco-ciudades” a lo largo y ancho del país. Mandatarios locales competían por acceso a fondos públicos y se multiplicaron las visitas de inversores, arquitectos y consultores (la mayoría de Europa y Estados Unidos). El caso más emblemático fue quizá el de Dongtan, una eco ciudad diseñada desde cero por la firma inglesa Arup y pensada para ser replicada en el resto del mundo. Sus objetivos sonaban divinos: preservar los humedales, alcanzar la neutralidad de carbono, mejorar la calidad de vida.
Tras varios años de bombo y publicidad el proyecto entró en crisis y nunca se construyó. Su fracaso reveló contradicciones profundas: hubo que desplazar poblaciones campesinas que sembraban en el área y los edificios con tecnología ecológica resultaron demasiado costosos, por lo que estarían destinados a los superricos. Muchos se preguntaron si Dongtan y las otras eco-ciudades eran apuestas genuinas por la sostenibilidad, o simplemente herramientas para dar legitimidad y caché a negocios inmobiliarios. Los gobiernos urbanos al fin y al cabo seguían persiguiendo el crecimiento económico a cualquier precio, trasladando los costos sociales y ecológicos a quienes menos podían defenderse.
Poco después, el concepto de eco-ciudad cedió protagonismo a las Soluciones Basadas en la Naturaleza. Estas entraron en auge y con ellas la promesa de que todas las ciudades podían sanar sus ecosistemas urbanos mientras mejoraban la calidad de vida de sus habitantes. El Banco Interamericano de Desarrollo apostó por Barranquilla como caso piloto en Latinoamérica. Y la Ciénaga de Mallorquín, un estuario que por décadas estuvo completamente relegado por gobiernos locales y nacionales, fue escogido para convertirse “en el corazón de la primera biodiver-ciudad de Colombia”. El proyecto “Ecoparque Mallorquín” arrancó con imágenes de pájaros, renders espectaculares y el respaldo de la cooperación internacional.
Durante 2021, en medio del confinamiento por la pandemia, el ESMAD desalojó a decenas de familias que llevaban hasta diez años viviendo a orillas de la ciénaga. Se reportó que les ofrecieron un millón y medio de pesos para tres meses de arriendo. Los pescadores que durante generaciones habían dependido de la ciénaga denunciaron que nadie los había convocado a una sola mesa de decisión; los líderes comunitarios declararon que conocieron el proyecto por los renders publicados en las redes sociales de la Alcaldía. En 2024, una comisión técnica interdisciplinaria convocada por el Ministerio de Ambiente confirmó lo que la comunidad había dicho y concluyó también que el ecoparque avanzó sin análisis de impacto ambiental sobre la ciénaga.
Hoy, 20 años después de la Eco-ciudad, vemos en la Diver-ciudad tensiones parecidas. No sólo tenemos gobiernos locales persiguiendo el crecimiento económico a cualquier precio (trasladando los costos sociales y ecológicos a quienes menos pueden defenderse), sino que, pese a lo verde del proyecto, no se está contribuyendo de manera honesta a una ciudad más sostenible. Pues, aunque en el parque hay senderos de manglar, avistamiento de aves y turismo regenerativo, Barranquilla permitió la construcción de más de 16.000 viviendas en suelo de expansión junto a la ciénaga (con vistas al mar y al ecosistema recuperado).
Recientemente, defensores del proyecto han difundido un estudio del Grupo GEO4 de la Universidad del Norte que concluye que el mentado suelo de expansión no era naturaleza virgen: “ha sido modelada por el ser humano durante casi un siglo y no corresponde a un relicto de bosque seco tropical”. Pero este es un argumento tramposo. Vegetación secundaria sigue siendo ecosistema: antes había monte y ahora hay torres de apartamentos con miles de parqueaderos y carros y trancones. La inversión millonaria se concentró en infraestructura que es linda y turística, pero dejó en un segundo plano el alcantarillado de los barrios vecinos, la contaminación del cercano Arroyo León y el futuro de las familias que vivían a orillas de la ciénaga.
