El triángulo que conforman los tres cerros titulares Epitsü, Kama’ichi e Iitujolu organiza el recorrido por la geografía del pueblo wayuú, el más numeroso de este país. Según nos lo narran estudiosos como Pilar Riaño y Weildler Guerra, solo los wayuús conocen los caminos de esta geografía, que es natural y tiene anclajes históricos y ancestrales que “se construyen desde las relaciones de parentesco y sociales entre múltiples seres vivientes y míticos”. Los vientos alisios que soplan de manera regular en este territorio han sido el motor para la producción de energía eólica desde hace casi dos décadas.
Son estos vientos y molinos aerogeneradores de energía los que ejemplifican lo que puede salir mal con la transición energética. Pues pese a lo loable de la causa, en un país muy desigual cualquier innovación que no se haga pensando en cómo resolver estas desigualdades está destinada a joder a quienes tienen menos margen de maniobra. Quizás el Parque Eólico Jepirachi presente el caso más dramático. Como lo documentó el Grupo de Memoria Histórica, en el año 2004, durante el gobierno de Álvaro Uribe, coincidieron allí la masacre de Bahía Portete (perpetrada por aproximadamente 40 paramilitares en el municipio de Uribia), el desplazamiento masivo inmediatamente posterior y la entrada en marcha del mentado parque. La inauguración de este último, por los mismos días de la masacre, contó con la presencia del propio presidente de la República.
Todas las acciones para hacer frente a los desafíos del cambio climático tienen impactos distributivos que usualmente profundizan las desigualdades existentes. En la actualidad, fundaciones y grupos de investigación en la Alta Guajira alertan sobre cómo en el afán por expandirse, transnacionales del viento y sus oficinas de responsabilidad corporativa promueven activamente los conflictos entre la gran y heterogénea población indígena. Así, las medidas para adaptarse al cambio climático, entre ellas las que lidian con la transición energética, tienen impactos desiguales y, con demasiada frecuencia, ponen en desventaja a las comunidades más vulnerables. En contextos como el nuestro, en que las grandes infraestructuras han implicado desplazamientos y todo tipo de violencias, las intervenciones y proyectos de transición no deben únicamente tener en cuenta las asimetrías y desbalances entre regiones y poblaciones. Deben mejor tratar de repararlos.
La literatura sobre adaptación al cambio climático en las ciudades ya nos habla de innovaciones reparadoras que reconocen y abordan los daños pasados y presentes a los que puede estar sometida una comunidad. Un enfoque reparador en el campo de las transiciones puede permitirnos hacer enmiendas con poblaciones que han estado expuestas a la devastación en nombre del desarrollo y la nación blanca soñada. En el caso de la energía eólica, pensar en intervenciones reparadoras nos ayudaría a entender la transición como un proyecto común, ya que estamos conectados como país no solo a través de las infraestructuras y el bienestar que ellas nos proveen, sino a través de nuestras historias. Este camino nos llevaría a construir proyectos que tengan entre sus fines corregir los errores del pasado.
Una transición reparadora es una que, ante todo, reconoce las historias sociales y culturales específicas a un territorio, incluidos los legados del extractivismo y la dominación colonial, que dan forma al presente. Que una determinada tecnología pueda florecer en un entorno sin herir a quienes lo habitan depende de múltiples condiciones. Depende de cómo se llevan a cabo las discusiones, de las reglas del juego y la regulación, de la historia de sus gentes en su relación con el Estado, de las huellas que vaya a dejar la nueva infraestructura en la cotidianidad del territorio, entre otras. La transición exige reconocer que no hay tierra vacía ni paradisíaca a dónde llegar con tecnologías nuevas. Estas tecnologías deben ser adaptadas a condiciones y políticas específicas. De lo contrario, como en el caso del Parque Eólico Jepirachi, el legado será uno de devastación, arrasamiento y desplazamiento de familias hacia los bordes de las ciudades. La semana pasada el Ministerio de Minas inició diálogos en La Guajira para la construcción de la Hoja de Ruta de Transición Energética Justa. Esta debe ser una que repare, es decir, que imagine futuros nacionales colectivos, que reconozca historias duras de explotación colonial y de violencias en nombre del extractivismo de recursos.
