Casi siempre, al tratar de entender el conflicto colombiano, concentramos la mirada en asuntos agrarios. Tantos libros y explicaciones nos han dejado la certeza de que la concentración tan grosera de la tierra y la violencia de las élites rurales en connivencia con sectores del Estado están en el corazón de los problemas. Esto es cierto y sin embargo nos ha llevado quizás a mirar la ciudad con alguna ligereza. En este año que cierra y también en los inmediatamente anteriores, la violencia estatal contra cientos de jóvenes que salieron a protestar en las calles hizo que se hablara de “la llegada de la violencia a la ciudad”.
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En septiembre la policía salió a arrasar con una generación en los barrios populares de Bogotá, Cali y otros municipios. Esta vez había cámaras de celulares, medios comunitarios y plataformas que reaccionan rápido con ayudas visuales. Hay también nuevas organizaciones como Temblores, con canales directos a élites académicas y económicas en Bogotá. Eso no quiere decir que antes esta violencia estuviera ausente o que no existieran organizaciones que la denunciaran. En publicaciones del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), en impresiones de pequeñas editoriales, constan informes sobre violencia policial urbana desde los 70. Las víctimas de ayer son parecidas a las de hoy: sindicatos, estudiantes y movimientos cívicos.
Una de las andanadas más duras contra manifestantes fue la que vino antes y después del paro cívico de 1977. Este paro peleó contra el desempleo, por el acceso a los derechos laborales y al bienestar en un país que era día a día más urbano. La presidencia de López Michelsen, un político que se creía progresista, impuso el estado de sitio en octubre de 1976 y expidió tres decretos donde ampliaba la justicia penal militar y daba atribuciones a los comandantes de brigadas para sancionar a los promotores de los posibles bloqueos. Poco antes del paro, un cuarto decreto presidencial impuso penas para quienes “incitaran o promovieran” la movilización. Estas sanciones podían ser impuestas directamente por los comandantes de las brigadas de la Policía. Con todo este andamiaje puesto en marcha, no hay sino que imaginarse el desenlace.
Tras la represión, movimientos y sindicatos se replegaron. Como en 1981 las demandas seguían allí, la población salió otra vez a las calles. Esta vez pedían también la suspensión del estado de sitio, el respeto de las libertades políticas y sindicales, la reapertura y desmilitarización de las universidades, y la abolición de las normas que prohibían la huelga a los empleados públicos. La respuesta estatal represiva se encaminó contra todos ellos, especialmente a través del Decreto 1923 o Estatuto de Seguridad, emitido por el Gobierno Turbay. El Estatuto castigaba con cárcel a todos aquellos “que en los centros o lugares urbanos causen o participen en perturbaciones del orden público o alteren el pacífico desarrollo de las actividades sociales”.
El Estatuto establecía también “arresto inconmutable” a quienes ocuparan “transitoriamente lugares públicos o abiertos al público, u oficinas de entidades públicas o privadas, con el fin de presionar una decisión de autoridades legítimas”. Los militares fueron designados para juzgar este tipo de “conductas delictivas”. Muchas de las demandas tenían que ver con asuntos eminentemente urbanos: el acceso a la vivienda digna y a los servicios públicos de calidad. Protestas por el acceso al agua y la electricidad. Con el Estatuto como trasfondo, la represión fue emblemática. El Gobierno emprendió una fase de represión y la prensa de entonces, sometida en varias formas a la censura, comenzó a ligar cualquier movimiento con las guerrillas.
Esta violencia estatal urbana contra aquellos que bloqueaban las calles fue una constante en el desmonte del Frente Nacional y durante los 90. En mi trabajo sobre agua en el Caribe urbano pude ver cómo más recientemente esta represión (de la mano de brazos paramilitares barriales) tuvo que ver con la liquidación de las empresas de servicios públicos. La continuidad de hoy nos habla de un Gobierno que no tiene muchas velas en el Acuerdo de Paz y de aquellos que son reprimidos por una política pensada para lidiar con el conflicto armado.
