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Ocurrió de nuevo. Tres menores de edad murieron en medio del bombardeo contra un campamento de disidencias de las FARC, en la zona rural de El Retorno, Guaviare. Ni sé cómo debería nombrarlo: ¿fueron abatidos? ¿Asesinados? ¿Dados de baja? ¿Perdieron la vida? No lo sé. Cada manera de nombrar introduce un sesgo y hace una interpretación distinta de la misma realidad. Probablemente cada versión tenga algo de verdad. Esa es la complejidad que envuelve al enfrentamiento armado en Colombia. Lo que está claro es que es una tragedia.
No logramos evitar que las organizaciones criminales recluten a los menores, y tampoco logramos rescatarlos de sus filas antes de que la guerra les explote encima. Ya no sé cuántas veces he escrito esta misma columna. En Colombia, esto se repite cada tanto y el horror ya es parte de la costumbre. Apenas se conocen los informes forenses, la discusión se vuelve mezquina. El Gobierno y la oposición se enfrascan en un cruce de acusaciones; unos justifican los hechos y otros instrumentalizan sus resultados. Al final, ambos olvidan las vidas truncadas de los niños, las niñas y los adolescentes.
No hay doctrina militar ni retórica de seguridad que pueda maquillar la cobardía de bombardear campamentos donde hay menores atrapados, víctimas del reclutamiento o de las circunstancias. Aplica para el Guaviare, para la Franja de Gaza, para Ucrania y para cualquier esquina del mundo. Más allá de las banderas, las ideologías y las religiones, la humanidad es una sola.
Sin oportunidades, a merced de los fusiles, ¿qué podrían haber hecho estos chicos? ¿Qué hicieron para merecer esta suerte? Nada. La responsabilidad de cuidarlos era nuestra. No logramos protegerlos en la vida y tampoco a la hora de su muerte. Llevamos años intentando la misma fórmula y los resultados saltan a la vista. Al final, no hay discurso oficial ni cálculo político que tape la verdad más brutal: fracasamos.
