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Volvemos a las urnas mientras el país rural vuelve a quedar atrapado entre la violencia. El último informe del Comité Internacional de la Cruz Roja advierte que 2025 fue el peor año de la última década en materia humanitaria: 235.619 personas desplazadas individualmente y 87.069 víctimas de desplazamientos masivos. Detrás de cada cifra hay comunidades enteras viviendo entre el miedo, el encierro y la impotencia. Las elecciones ponen a prueba la democracia.
Mientras el país rural vive ese drama, en los centros de poder el debate se degrada. Resulta alarmante el deterioro del lenguaje democrático en los extremos políticos. Gobernantes y candidatos desacreditan a las cortes, atacan a la prensa, deslegitiman al Congreso y sugieren que las reglas solo sirven cuando favorecen sus intereses. El Estado de derecho es el límite que impide que las diferencias se resuelvan por la fuerza; el único refugio que tenemos los ciudadanos frente al abuso de poder.
Ese debilitamiento de las reglas democráticas se traduce en violencia. La Misión de Observación Electoral advirtió que 386 municipios enfrentan la presión de grupos armados, especialmente en el Cauca, el Catatumbo, el Bajo Cauca antioqueño y en el Valle del Cauca. Allí, la población padece amenazas, restricciones de movilidad y presiones directas sobre sus preferencias políticas.
Colombia ha superado momentos difíciles porque ha mantenido una mínima confianza en las instituciones. Estas elecciones son, de nuevo, la oportunidad para defender los límites que nos protegen del autoritarismo. El sistema es imperfecto, frágil y muchas veces frustrante, pero dejar de creer en las reglas es terminar sometidos a la fuerza. Y en Colombia ya sabemos muy bien quiénes terminan pagando ese precio. El domingo volveremos a las urnas y el dilema no es entre izquierda o derecha: es entre el autoritarismo y el Estado de derecho. Votemos a consciencia.
Por Tatiana Duplat Ayala
