En la vía Panamericana, en Cajibío, un cilindro cargado de explosivos fue detonado al paso de un bus. Hay que ser miserable para planear un acto así. La onda expansiva alcanzó a otros vehículos y todo fue caos: carrocerías deformadas, vidrios estallados y cuerpos esparcidos sobre la carretera. En el suroccidente, la violencia volvió a instalarse en la vida cotidiana, y los civiles, de nuevo, pagan con su vida.
Otra vez el miedo marca el pulso en Colombia. En el primer trimestre se registraron 35 masacres —el más violento de la última década, según Indepaz—. En el Cauca y el Valle, las explosiones, los hostigamientos y las amenazas se repiten con una regularidad inquietante. La violencia vuelve a ser costumbre en algunos territorios y, de nuevo, rutina estadística para el resto del país.
Y, sin embargo, la política sigue como si nada. Mientras en el suroccidente se entierran muertos —más de 20 en la ola de ataques del fin de semana—, el presidente celebra su cumpleaños en X y la campaña continúa. La conversación gira hacia la búsqueda de culpables y todo se vuelve cálculo político. Los candidatos de los extremos no están interesados en construir soluciones comunes y las víctimas no logran captar la atención que merecen. ¿Qué tiene que pasar para que los territorios asolados ocupen, por fin, el centro de la conversación pública?
En el suroccidente, las disidencias de las FARC disputan el control del territorio y usurpan el espacio de la democracia. Con cada atentado marcan el ritmo, deciden cuándo se transita, cuándo se guarda silencio y cuándo se tiene miedo. De nuevo, como en las peores épocas del conflicto armado, en los años 2000, terminan imponiendo la dinámica electoral. Los criminales fuerzan a que la campaña gire en torno a la seguridad, desplazan otras urgencias y condicionan, desde la violencia, el debate público. No necesitan candidatos. Les basta con hacer estallar la agenda.
Por Tatiana Duplat Ayala
