Interceptaron su carro, intimidaron a todos con sus armas y se lo llevaron. El secuestro de Arnold Rincón, director de Codechocó, sintetiza la tragedia del departamento y de tantas otras regiones del país. A pesar de los esfuerzos de las instituciones y de las organizaciones sociales por defender lo que es de todos, el Chocó sigue siendo visto como tierra de nadie, susceptible de ser expoliada y arrasada.
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Unos cuantos poderosos se disputan el control del territorio y sacan provecho de lo que es de todos, a costa del bienestar colectivo y de la vida misma de los demás. Todo aquel que represente el interés común corre el riesgo de ser violentado y acallado. Le ocurrió al director de la autoridad ambiental del Chocó, en la carretera que conduce de Quibdó a Istmina, como puede ocurrirle a cualquier líder social, en las calles de tantos barrios populares acorralados por las organizaciones criminales.
La paradoja es que, aun siendo débiles y muchas veces cuestionadas, las instituciones siguen siendo las primeras instancias llamadas a defender el interés público. El Estado tiene muchos defectos, pero es mejor tenerlo y que sea efectivo, que quedar a merced de los armados. Cómo fortalecerlo y hacer que su acción sea cada vez más legítima debería ser la discusión más importante ad portas de las elecciones. Sin embargo, mientras las organizaciones criminales avanzan y se fortalecen, la clase política se desgasta en disputas estériles que sólo benefician a quienes imponen su ley por la fuerza. Y en el medio, la gente indefensa, sometida.
El secuestro de Arnold Rincón es un llamado urgente a la sensatez. Su liberación es inaplazable, como es que la clase política entienda que frente al crimen organizado no caben más divisiones ni retóricas incendiarias. No podemos seguir siendo tierra de nadie; la vida y la libertad están en juego.